El GIEI ante el golpe a Gómez Trejo. Gertz y su exigencia de sincronizar lo político con lo judicial
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
El cuidado que se tuvo en la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para garantizar una investigación exhaustiva e independiente, bajo la conducción de un titular que contara con la confianza de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, se echó por la borda en un mes, ante presiones por "sincronizar los tiempos judiciales con los tiempos políticos".
Esa es la apreciación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso Ayotzinapa, al fijar su posicionamiento ante la renuncia del fiscal especial Ornar Gómez Trejo y su equipo, ante una intervención desaseada que prendió focos rojos en el organismo regional, que el día del aniversario de la desaparición de los estudiantes manifestó su "preocupación por el desplazamiento" de la UEILCA "en sus funciones ministeriales".
En el informe, los expertos independientes alertaron que la descomposición en la UEILCA coincidió con la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), el 18 de agosto pasado, desconocido hasta ese momento por el GIEI. Dicho documento incluye como novedad más de 400 capturas de pantalla de supuestas conversaciones por WhatsApp de presuntos perpetradores de la ejecución y desaparición de los estudiantes.
"La renuncia (de Gómez Trejo y su equipo) se ha producido por las intromisiones (...) en este intento de sincronía de los tiempos judiciales con los tiempos políticos, que impidieron, por ejemplo con respecto a la consignación entre los cuales están los militares, que se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo. Esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el fiscal general de la República", apuntó Francisco Cox, abogado chileno que forma parte el GIEI desde 2015.
La intromisión ordenada por el fiscal general Alejandro Gertz Mañero, reflejada en la aceleración de la consignación del exprocurador Jesús Murillo Karam, y con mayor contundencia en la solicitud de cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión, formulada por personal ajeno al órgano especializado -la cual reveló Proceso en su edición 2395-, es parte central del documento dado a conocer por integrantes del GIEI en la víspera de la finalización de su mandato, mismo que se prolongó un mes más para confirmar la veracidad de supuestas conversaciones de responsables de la desaparición de los estudiantes, obtenidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas, presidente de la Covaj.
La intención de mantener activo el GIEI por lo menos un mes más, busca también vigilar que no haya represalias contra Gómez Trejo y su equipo, sometidos a una auditoría iniciada el 5 de septiembre pasado, previo a la...
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