La Fundación Jenkins sigue hundiéndose
| Autor | Álvaro Delgado |
Reputada durante 60 años como una institución de beneficencia transparente y eficiente, la Fundación Jenkins padece un dramático deterioro en sus finanzas de un año a otro, según sus estados financieros.
Mientras en 2012 su pasivo fue de 10 millones 180 mil pesos, al cierre de 2013 se disparó a 672 millones 577 mil pesos. Es decir, más de 60 veces.
Ocurre lo mismo con los ingresos: Mientras en 2012 éstos ascendieron a mil 121 millones 478 mil pesos, en 2013 cayeron a sólo 134 millones 155 mil pesos. O sea, casi 10 veces de un año a otro.
El gasto de administración, mientras tanto, casi se cuadruplicó: de 60 millones en 2012 a 208 millones en 2013.
Los estatutos de la fundación establecen que es obligación del patronato "conservar, incrementar y mejorar los bienes" de la misma, pero ha ocurrido exactamente lo contrario, advierte Guillermo Jenkins de Landa en una nueva solicitud a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla para que investigue estas irregularidades.
Jenkins de Landa fue destituido en junio de 2013 como patrono de la fundación, luego de oponerse a la reforma a los estatutos que hicieron sus padres, Guillermo Jenkins Astead y Elodia de
Landa de Jenkins, para incluir a todos sus hermanos.
También ha procedido legalmente contra su padre, madre y hermanos por enriquecerse ilegalmente en perjuicio de la institución de beneficencia, como lo prueban los estados financieros descritos y que, en el documento dirigido a la junta, exige que se investigue y sancione.
"Estas desviaciones tan dramáticas en los rubros de pasivo y de ingreso del ejercicio arriba mencionados impactan negativamente en el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins y que deben ser imputadas principalmente a los señores Roberto Jenkins de Landa, Guillermo Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa de Jenkins", asegura.
Y recuerda que sus padres ganaron más de 14 millones 200 mil dólares del patrimonio de la fundación mediante una triangulación financiera ilegal, como lo es también el desarrollo inmobiliario que poseen en Los Cabos, Baja California Sur, financiado con recursos de la fundación (Proceso 1965).
A este deterioro de las fianzas de la institución, se suma el hecho de que la fundación ya no aparece registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como "donataria autorizada", como lo ordena la Ley del Impuesto sobre la Renta, justamente para beneficiarse de la deducción de impuestos.
Según el escrito...
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