Sin freno, la mafia inmobiliaria en Aguascalientes
| Autor | Mónica Cerbón |
AGUASCALIENTES, Ags.- El amiguismo, las leyes hechas a la medida y la nula rendición de cuentas están provocando el agravamiento de los problemas originados por la industria inmobiliaria en Aguascalientes.
Mientras que la cercanía de los empresarios del sector con la gobernadora Teresa Jiménez y con el PAN -partido que mantiene el control político en la entidad- es visible, las influyentes empresas del sector amenazan el territorio y su medio ambiente.
Por otro lado, las organizaciones civiles ambientales constituyen la única resistencia y lograron, a punta de amparos, detener obras y estatutos legales que benefician solo a la iniciativa privada.
"Hay una mafia inmobiliaria ligada a una mafia política de intereses particulares para hacer negocio, esa es una realidad y debemos aceptarlo", dice Jael Pérez, vicepresidente regional centro-norte de la Federación Nacional de Colegios de Economistas.
En diciembre de 2022, a mes y medio de haber iniciado la administración de Jiménez y en una sesión a donde acudieron empresarios inmobiliarios, la mayoría pa-nista en el Congreso estatal logró aprobar, tras años de negociación, el nuevo Código Urbano, documento que regula el crecimiento de la mancha urbana y establece condiciones para la industria. Los aplausos resonaron en el recinto legislativo.
La nueva ley pronto fue calificada como un regalo para las inmobiliarias, pues agiliza los procesos para obtener permisos de construcción, elimina estudios importantes (como el dictamen de compatibilidad urbanística), reduce las áreas de donación y elimina la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por ese motivo el documento fue impugnado por las organizaciones civiles Conversa Sur y Salvemos La Pona.
Ambas aseguran que la puesta en marcha de la mencionada ley es un grave retroceso al derecho a la ciudad, a un medio ambiente sano, y compromete la distribución justa de la poca agua que queda en el estado, pues todos los mantos acuí-feros están sobreexplotados y el 91.3% del territorio sufre sequía severa, de acuerdo con datos del Monitor de Sequía de la Conagua. El resto (8.7%) registra sequía moderada.
Los amparos contra la nueva ley son estudiados en tribunales desde enero pasado. En los dos casos los activistas presentaron ampliaciones de sus demandas.
Y aunque políticos del PAN, como Max Ramírez, el diputado local que impulsó la reforma al Código Urbano, intentan posi-cionar esa industria como la segunda más importante en el estado después de la manufacturera, datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revelan que no...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba