La Fiscalía General, "envenenada" desde su origen
| Autor | Jenaro Villamil |
Desde su origen y negociación, la creación de una Fiscalía General de la República tran-sexenal, autónoma del Poder Ejecutivo, se convirtió en una "moneda de cambio" y de presión entre las dos principales fuerzas que la negociaron en el Pacto por México: las dirigencias del PRI y del PAN.
La creación de la Fiscalía General de la República formó parte de un amplio paquete de reformas constitucionales en materia político-electoral que fue aprobado en el Senado el 3 de diciembre de 2013, en paralelo con la discusión y aprobación de la reforma energética.
A casi cuatro años de esa discusión, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron que ceder en su pretensión de que el actual procurador general, Raúl Cervantes, destacado militante priista, fuera el beneficiario del "pase automático" que establece el transitorio 16 del artículo 102 constitucional que le permitiría ser fiscal transexenal nueve años.
La presión no sólo provino del bloque legislativo formado en la Cámara de Diputados por PAN, PRD y MC, que pusieron en vilo durante una semana al Poder Legislativo. También ejercieron presión las organizaciones empresariales, las fundaciones civiles y, en especial, el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que le dio el "golpe de gracia" a Cervantes Andrade al publicar un reportaje que involucra al procurador con la propiedad de un Ferrari que fue registrado "por error administrativo" en una casa de interés social en Cuernavaca.
El escándalo del Ferrari de Cervantes Andrade y el reportaje de la "estafa maestra", también promovido por MCCI, llegó hasta Los Pinos y provocó la semana pasada una intensa operación de "control de daños".
El jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, sostuvo reuniones con las 11 dependencias involucradas en el reportaje, en especial con funcionarios de Pemex, y solicitó a la Secretaría de Gobernación datos sobre la red de implicados y las fuentes informativas.
Las tarjetas de Gobernación que se hicieron llegar a Los Pinos, según se informó a Proceso, vincularon el escándalo del Ferrari del procurador y los reportajes del MCCI con una "intensa preocupación del círculo empresarial con la continuidad de Cervantes en la PGR, así como de Alberto Bazbaz en la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda".
Esta discusión fue previa a la decisión final de Peña Nieto, quien el jueves 7 ordenó a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados que cediera a la presión del bloque legislativo de PAN-PRD-MC.
El PRI terminó presentando en San Lázaro una iniciativa "con el...
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