Fernando Silva García: Cómo se hacen valer los derechos humanos

AutorLucía del C. González de la Peña
Páginas31-33

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¿Por qué debe ser reconstruida la jurisprudencia constitucional?

Actualmente la emisión aproximada de 3,500 sentencias al año ha generado que el método decisorio de la Corte se encuentre prácticamente colapsado. Esto ha provocado que sea imposible una construcción interpretativa uniforme, estable y efectiva de los derechos humanos por parte del Tribunal Constitucional; por ejemplo, si el día de ayer la Corte opinó que la prisión vitalicia era inconstitucional por ser contraria a la dignidad del hombre, el día de hoy ya fue posible que revirtiera esa decisión y ahora considere que la prisión vitalicia respeta los derechos del hombre, lo que implica un precio muy elevado para la seguridad jurídica de los individuos en el seno del Estado. Esta situación ha dado lugar a una serie de paradojas y contradicciones jurisprudenciales que ponen en tela de juicio la tutela efectiva y la certeza jurídica en el ámbito de los derechos humanos en el Estado mexicano.

¿Qué ha motivado el colapso de la labor decisoria de la Corte?

La jurisprudencia de la Corte ha dado lugar a dos filosofías interpretativas simultáneas; por un lado, el sistema jurídico mexicano permite que los casos puedan resolverse legalmente a partir de un sistema jurisprudencial garantista, y por otro lado, el mismo sistema jurídico mexicano también hace posible resolver los casos legalmente a través de una red jurisprudencial coexistente con aquélla, pero reduccionista de los derechos y las libertades del hombre.

¿Cuál de las dos filosofías prevalece en la práctica diaria de la Suprema Corte?

Se dan los dos casos; es decir, se atienden los casos concretos. Hay ministros que tienden a resolver los asuntos sobre derechos fundamentales de modo garantista, o expansionista, pero a veces podemos encontrar tendencias en el sentido contrario: reducir al máximo los derechos humanos por intereses del Estado, con base en argumentos de seguridad nacional, de orden público o de interés social.

¿Cuál es el reto al que se...

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