FALACIAS DEL PODER / Captura de la justicia

AutorJesús Ibarra

No solo en el ámbito nacional y local, también en el internacional, encontramos manifestaciones claras de que gobiernos populistas han capturado en mayor o menor grado los aparatos de justicia. "Llevar la política al pueblo" sin la intermediación de instituciones o procedimientos legales pasa por concentrar el poder (unificarlo en torno a un líder), lo que significa anular los contrapesos del régimen, entre otros, el control constitucional o el ejercicio de la acción penal. Esto es devastador para una democracia constitucional que parte de la premisa de que nadie puede situarse por encima de la Constitución.

El reciente caso del general Cienfuegos, el diseño de una pregunta ad hoc por la Suprema Corte para evitar la inconstitucionalidad de la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador, las investigaciones sobre el caso Odebrecht, en Jalisco el control de los nombramientos del Consejo de la Judicatura, dejan la sensación de que son las personas (los líderes políticos) y no las instituciones quienes determinan el sentido y a los beneficiaros de la justicia. En todos los casos, el componente político y las decisiones de factores de poder prevalecen sobre la fuerza del mejor argumento jurídico.

La captura de la justicia ocurre mediante la vulneración de los principios rectores de la función judicial; la autonomía (no dependencia de factores de poder), la independencia (juzgar únicamente desde las razones del Derecho) y la imparcialidad (la equidistancia ante las partes). Empíricamente esto significa el regateo del presupuesto para el Poder Judicial y las instancias de procuración de justicia, la infiltración de perfiles políticos en cargos de alto nivel, así como presiones para inclinar en uno u otro sentido la balanza de la justicia. Al final, se trata de la desviación de los recursos institucionales de la justicia hacia objetivos políticos privados.

Los pronósticos no son alentadores, no por falta de ideas, diagnósticos o proyectos de cambio, el problema de fondo tiene que ver con el cálculo estratégico por parte del poder político. Se mantienen los incentivos para hacer un uso patrimonialista y, en ocasiones, como arma política de las instancias de procuración y administración de justicia. Bajo esta perspectiva sería una amenaza un aparato de justicia autónomo responsable de controlar los excesos del poder.

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