Expertos: ley sobre el derecho de réplica, con deficiencias
Diana Lastiri
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- De no reglamentarse bien el derecho de réplica existe el riesgo de que los medios de comunicación se autocensuren o que las resoluciones que deban emitir los jueces en estos casos lleguen de manera tardía, puesto que la ley vigente contiene aún deficiencias, indicaron especialistas.
EL UNIVERSAL informó que el próximo 7 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto votar un proyecto de resolución que propone eliminar los conceptos de información falsa o inexacta de los requisitos para ejercer el derecho de réplica.
Con esto, cualquier persona que se sienta agraviada por información publicada en medios de comunicación, sin importar que sea verídica, podrá pedir que se le dé derecho de réplica y de no concederlo de primera instancia, podrá acudir ante un tribunal civil a requerir a un juez que obligue a los medios a darle este derecho.
El catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Uriel Pineda Quinteros, dijo que el problema es que aún no se limitan aspectos como la especificación de quiénes pueden ejercer este derecho.
?El problema de fondo es que siguen sin limitarse algunos aspectos como quién puede ser la persona agraviada, es decir, la práctica ha arrojado que muchos funcionarios ejercen su derecho de réplica y eso sí es nocivo para el tema de la libertad de expresión?, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, en donde reconoció que los medios pueden quedar más vulnerables.
Expuso que ?el funcionario tiene tres elementos que lo hacen distinto de un ciudadano convencional: primero, que al asumir el cargo lo hace de manera voluntaria. Segundo, ese cargo está sujeto al escrutinio público, y tercero, los cuestionamientos que surgen respecto de un funcionario normalmente están asociados a su labor cotidiana?.
Resaltó que ?los periodistas y los medios de comunicación realizan una labor de defensa de derechos humanos, es decir, su labor está vinculada con ello y, de manera análoga, tratar de judicializar causas contra defensores de derechos humanos y contra periodistas es una manera de obstaculizar su labor y eso genera un efecto inhibitorio dentro del ejercicio de la libertad de expresión, en este caso del derecho de informar que tienen los medios de comunicación?.
Pineda Quinteros recordó que más allá de lo que se publique se debe, con la actual ley, comprobar el agravio que causa la publicación, lo que por sí mismo implica...
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