La estrategia anticrimen: incompleta y unilateral
| Autor | Alvaro Delgado |
Ante más de 70 mil muertos, 27 mil desaparecidos y la percepción de inseguridad de 90% de los mexicanos, situación que le heredó la guerra de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto prometió que su primera decisión como presidente de la República sería crear el Programa Nacional de Prevención del Delito, "un cambio de paradigma sin precedentes en la promoción de la paz y en la disminución de la violencia".
El problema es que ni Peña Nieto ni su gobierno respetan lo que ordenan las leyes en la materia para cumplir con esa promesa.
El martes 12 Peña Nieto dio a conocer en Aguascalientes las bases del Programa Nacional de Prevención del Delito que -enfatizó- buscará evitar la estrategia policiaco-militar "como única arista o como única forma de combatir a la delincuencia organizada".
Pero lo hizo al margen de lo que dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ordena tomar en cuenta a los estados, municipios y a la sociedad civil en el diagnóstico, elaboración, supervisión y evaluación del programa de prevención.
Peña Nieto sólo instaló la Comisión In-tersecretarial de Prevención Social de la Violencia y el Delito, creada el domingo 10 e integrada por nueve secretarías de Estado que diseñarán las acciones en el ámbito de sus responsabilidades, pero cuya I existencia no está prevista en la ley.
En los "lineamientos" del programa I prometido por Peña Nieto se ignoran los I mecanismos previstos en la Ley General I del Sistema Nacional de Seguridad Públi-I ca y en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en vigor desde el 25 de enero de 2012.
Esta última establece las bases de co-I ordinación entre la federación, los estados, I el Distrito Federal y los municipios en ma-I teria de prevención social de la violencia y I la delincuencia, y confiere al Centro Nacio-I nal de Prevención del Delito y Participación I Ciudadana la tarea de elaborar el programa I nacional ofrecido por Peña Nieto.
Este centro nacional es el órgano téc-I nico en el que, según la propia ley invoca-I da por el gobierno de Peña Nieto, se apo-| ya el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención del delito que ordene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que a su vez preside el mandatario priista.
"Pero el Consejo Nacional y el Centro Nacional de Prevención del Delito están totalmente marginados en el diseño del programa", asegura Juan Miguel Alcántara, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón.
Además de que se violan disposiciones expresas de ambas leyes generales, asegura Alcántara, lo anunciado en Aguascalientes fue sólo un "acto mediático" del gobierno de Peña Nieto, que desdeñó a la sociedad, los estados y a los municipios en la elaboración del diagnóstico y los lineamientos.
"(Peña Nieto) parte del mismo error de la estrategia de Calderón: Ninguno de los dos arrancó de un diagnóstico nacional, esto es, elaborado desde los ámbitos municipales, luego estatales y finalmente el nacional. Es un diagnóstico muy superficial, sólo de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba