En espera del fallo de la SCJN
| Autor | Marcela Turati |
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), representante de las víctimas de las masacres de migrantes ocurridas en San Fernando en 2010 y 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, expresa sus dudas en torno a las indagatorias, sobre todo a partir de los datos nuevos que se conocen en los casos de San Fernando.
En 2010, dice, la Procuraduría General de la República dio a conocer que fueron sicarios de Los Zetas quienes asesinaron a los migrantes, pero advierte: si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite un fallo en contra de determinar que esa matanza fue un caso de grave violación a los derechos humanos quizá la verdad no se llegue a conocer.
La fundación que ella dirige interpuso un amparo que está por definir la SCJN, en el que se exige una versión pública de los expedientes de esas tres masacres. Según Delgadillo, la resolución de la Corte será decisiva para sentar precedente sobre si la sociedad podrá tener acceso a la información gubernamental de casos de ese tipo que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
"Ya está circulando el proyecto, que estuvo a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero, y vemos un riesgo de que la Corte vaya a decidir entregarle a la CNDH el monopolio para determinar cuándo un caso se considera como grave violación, porque sería una manera de nulificar el derecho a la transparencia, al acceso a la información y el derecho a la verdad. Tampoco se permitiría vigilar cómo está siendo investigado cada caso", sostiene Delgadillo.
Y agrega: "La Suprema Corte tendrá que definir primero si estos casos se consideran graves violaciones a los derechos humanos -algo que la CNDH no ha querido admitir ni se ha pronunciado, aun cuando tiene las facultades-. También decidirá si mantiene la facultad del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), de desclasificar los casos que se constituyen como graves violaciones. Es un riesgo que esa facultad quede sólo bajo el monopolio de la CNDH".
Delgadillo desconfía de la CNDH, pues tardó años en hacer la recomendación acerca de la matanza de los 72 migrantes ocurrida en San Fernando. No la clasificó como grave violación a los derechos humanos, no tomó en cuenta a las víctimas y aún no dictamina nada sobre las masacres que siguieron ocurriendo en ese mismo municipio tamaulipeco y que fueron destapadas en abril de 2011 con el hallazgo de 193...
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