Se esfuman fondos contra la violencia
| Autor | Ezequiel Flores Contreras |
CHILPANCINGO, Gro.- El pasado 11 de marzo la agencia de noticias Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.
Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.
La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras irregularidades.
Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.
La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
El análisis fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, mediante el oficio A1/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, para investigar y sancionar a los responsables de esa administración irregular. Se desconoce el estado de la investigación ordenada por la ASF, pero el gobernador Astudillo ha dicho públicamente que las auditorías a sus antecesores no son prioritarias para él.
En la revisión de las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, la ASF constató que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena por “armas, municiones y cargadores”, mediante dos entregas: una por 1 millón 868 mil 400 pesos y otra por 9 millones 820 mil 900.
Según la ASF, el estado recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de 8 millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el...
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