Equivocada concepción sobre los juicios orales
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En el recuento de los Diálogos por la Seguridad organizados por Felipe Calderón Hinojosa con el propósito de replantear la estrategia de la “Guerra contra el crimen organizado”, convocando autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, empresarios, comunicadores, intelectuales, académicos, líderes religiosos y sociales y dirigentes de organizaciones de sociedad civil, los resultados fueron más adversos que positivos.
Por principio de cuentas, fue desairado por los líderes parlamentarios del PRI y del PRD, quienes tienen una tarea fundamental en esta guerra, como es la de elaborar las leyes que soportan las acciones de gobierno en la materia. La mayoría de los gobernadores (priístas), criticaron su estrategia, así como los representantes de la sociedad civil organizada, especialmente de Alto al Secuestro que dirige Isabel Miranda de Wallace y México SOS de Alejandro Martí, argumentado que más que diálogos habían sido monólogos del Presidente Calderón, sin una agenda de propuestas concretas para cambiar y mejorar la estrategia.
De manera señalada, dejó inconformes a muchos de los participantes -y de los que no fueron convocados-, pero que conforman la Red Ciudadana de Juicios Orales, en la que participan más de 60 agrupaciones de todo tipo, las afirmaciones del titular de la PGR, al pretender descalificar al nuevo Sistema Penal Acusatorio, llamado coloquialmente de Juicios Orales, descalificándolo y culpándolo de la impunidad y violencia que se vive en Chihuahua, entidad de la que por cierto es oriundo y de la que fue Procurador de Justicia.
La intervención del Procurador Chávez y la tácita aceptación de sus argumentos por parte del Ejecutivo Federal, ponen de manifiesto que existe una equivocada concepción de lo que representa el nuevo Sistema Penal Acusatorio de juicios orales y quizás ahí encontremos la respuesta a las críticas de gobernadores, académicos y especialistas, sobre el dilatado e ineficaz proceso de implementación de la reforma, que ya es mandato constitucional en todo el país.
Habría que recordarles que este nuevo sistema de justicia penal no está concebido para acabar con la criminalidad organizada, particularmente el narcotráfico; sino que se trata de un modelo de vanguardia (introducido ya en 21 países de América Latina), que moderniza a la justicia penal introduciendo elementos como la oralidad, la inmediatez, la celeridad, el equilibrio entre las partes –ministerio público y defensa-, el...
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