Elisur Arteaga: "Las inmunidades desvirtúan el Estado de Derecho"
| Autor | Bernardo Cano |
| Páginas | 47-48 |
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¿La figura del fuero que la Constitución otorga a algunos servidores públicos debe permanecer, debe ampliarse o debe limitarse?
La institución del fuero, en su acepción técnica, está referida a una jurisdicción propia o especial a la que está sujeta una persona o una corporación. La declaración de procedencia, que es una inmunidad, no implica el ejercicio de una función jurisdiccional.
Con base en la Constitución no se puede sostener que existen fueros; lo que hay son inmunidades. Las inmunidades surgieron en un momento en que las autoridades absolutas consideraron que no había restricciones a su acción y podían actuar a su arbitrio respecto de la libertad y la persona de los parlamentarios. Eso dio origen a que surgieran las inmunidades. En nuestro sistema están referidas a tres especies: 1) juicio político, 2) declaración de procedencia y 3) irresponsabilidad en las declaraciones que emiten los legisladores en el desempeño de sus encargos.
No tienen razón de ser las inmunidades desde el momento en que se entiende que vivimos en un Estado de Derecho. Si en teoría existe un Estado en el que todos somos iguales ante la ley, y si ya no hay arbitrariedad y las autoridades únicamente hacen lo que dice la ley, es de suponerse que no habrá violaciones a los derechos de nadie, incluidos los servidores públicos. El hecho de que existan inmunidades y de que se pretenda dar una interpretación amplia a las normas que las establecen, es una negación al supuesto de que vivimos en un Estado de Derecho. Significa que hay ciertas personas que pretenden estar al margen del principio de igualdad ante la ley, aunque sea en forma temporal, ante el temor de ser perseguidos injustamente por los agentes del orden. Esto desvirtúa el Estado de Derecho.
¿Entonces debe retirarse de la ley el concepto del fuero?
Deben desaparecer las inmunidades; en igualdad de condiciones todos debemos estar sujetos al imperio de la ley. Algunos servidores públicos, por motivo de sus funciones, entre ellos el presidente de la República, deben estar al margen de esta regla. Dado que existen tribunales imparciales, todos debemos estar sujetos a su jurisdicción y acatar sus determinaciones. Lo ideal sería que desaparecieran los privilegios, que todos fuéramos responsables, excepto los legisladores, en cuanto a las declaraciones que hagan cuando están en el desempeño de sus cargos en la tribuna o en el seno de las comisiones.
¿Solamente en la tribuna o en el ejercicio de sus...
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