Eduardo R. Huchim / PRI: triangulación de fondos
| Autor | Eduardo R. Huchim |
La transferencia de dinero de las arcas de gobiernos estatales al Partido Revolucionario Institucional es sobradamente conocida desde siempre y su importancia cobró mayor relieve durante los 12 años que el PRI estuvo fuera de Los Pinos. Una vez reinstalado este partido en el Poder Ejecutivo, el flujo de fondos a sus arcas provino también del presupuesto federal, como ocurrió anteriormente, durante décadas.
La derrota del PRI en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo permitió conocer, a fines de 2016 y mediados de 2017, la desviación de fondos estatales al PRI: 1,300 millones de pesos en Veracruz, 200 millones en Quintana Roo y 246 millones en Chihuahua (retención de sueldos de empleados públicos), como informó Reforma en diciembre de 2016 y en junio de 2017.
Y en diciembre de este agonizante año, emergió el "affaire" Chihuahua, una investigación dirigida por el fiscal chihuahuense César Peniche que exhibió la triangulación Hacienda -gobierno estatal-PRI y arrojó luces sobre un entramado de alcance múltiple que proveyó de recursos ilegales al partido del Presidente en 2016, año en que el priismo estaba preocupado por el descenso de la popularidad presidencial. Era una preocupación fundada: el PRI perdió siete de las 12 gubernaturas que se renovaron ese año.
Las revelaciones del diario Reforma, iniciadas por Abel Barajas y el staff del periódico (19/12/17) y abordadas también en The New York Times por Azam Ahmed y Jesús Esquivel (20/12/17), sitúan en el centro de la delictiva trama a Luis Videgaray Caso, actual canciller y ex secretario de Hacienda; a Manlio Fabio Beltrones, ex presidente nacional del PRI, y a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI y amigo del hoy precandidato presidencial José Antonio Meade.
Dos secretarios del gobierno de César Duarte en Chihuahua, Jaime Herrera Corral (Hacienda) y Ricardo Yáñez (Educación), pusieron al descubierto la triangulación de recursos desde Hacienda hacia el gobierno estatal y de éste al PRI chihuahuense. Yáñez también señaló operaciones semejantes en otros estados, entre ellos Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.
Estas historias llevan a dos conclusiones:
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Salvo excepciones como la reciente de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral falla claramente en su tarea de fiscalización y, en vez de diseñar estrategias eficaces para detectar el gasto real en las campañas, sus consejeros se empeñan en negar lo evidente y suponen que hacen un gran...
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