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Editorial

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Vincent
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Uno de los principales problemas de México es la falta de respeto a la legalidad. El Presidente Electo, Felipe Calderón así lo ha reconocido al hacer uno de los ejes principales de su gobierno el estado de derecho que habrá de traducirse en una plena legalidad en México.

El diagnóstico actual es alarmante en este ramo, ya que existe una ineficiencia en la procuración e impartición de la justicia; una insuficiente independencia judicial y una creciente impunidad y deterioro de la cultura de la legalidad.

El principio de legalidad vigente en nuestro país, elemental para la adecuada articulación de derechos y obligaciones recíprocos, es cada vez menos observado en atención a justificaciones que van de lo irrisorio a lo francamente irresponsable. Por un lado gobiernos que no respetan sus atribuciones ni ejercen el poder de la legalidad escudados en una supuesta "razón de estado", en que vale más su apreciación particular sobre la permanencia de sus gobiernos que la aplicación de la ley. Por otro lado, pueblos, sociedades y movimientos que desprecian la legalidad enmascarados en el sofisma de la lucha social legítima. La falta de respeto al Estado de Derecho es culpa de gobierno y gobernados, somos corresponsables de este deterioro.

¿Cuáles deben ser las soluciones? Dada la complejidad del problema, no existen respuestas unívocas y, en este contexto es indispensable involucrar al mayor número de miembros de sociedad y gobierno en un ejercicio de reflexión y acción para revertir la decadencia de nuestra cultura de legalidad. En este contexto, es fundamental la labor que realicemos los profesionales del derecho asumiendo nuestra parte de responsabilidad siendo o formando abogados profesionales y éticamente responsables al servicio de la gente,

Hablar de un Estado de Derecho en que no existe un acceso real a la justicia de calidad, es retórica pura. El abogado tiene la obligación de ser la voz de los que no pueden hacerse oír y, por ello es indispensable facilitar la consulta jurídica popular...

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