Dos modelos de justicia confrontados
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
La orden judicial para cancelar provisionalmente la exhibición del documental Presunto culpable dejó a los jueces como “censores” en un linchamiento mediático en el que está de fondo el experimento de la reforma penal para la instauración de los juicios orales en México.
Propiciada desde Estados Unidos y financiada en parte con recursos de la Iniciativa Mérida, la puesta en marcha de la reforma aprobada en 2008 tuvo un fuerte impulso con la exhibición de la película que ahora forma parte de un litigio en el que el Poder Judicial está sometido a fuerte presión social.
Desde su estreno, el 18 de febrero –con 130 copias en seis ciudades y con una taquilla que llega a los 22 millones de pesos–, el documental había tenido amplia difusión y reconocimiento nacional e internacional por exponer la actuación de jueces, policías y agentes del Ministerio Público en el actual sistema de justicia en México.
Los productores y promotores de la película, sin embargo, nunca consideraron que al exhibir “la fabricación de culpables” pondrían en riesgo la vida de uno de sus protagonistas, el testigo Víctor Daniel Reyes Bravo, quien ahora está amenazado de muerte por bandas de narcomenudistas de Iztapalapa, en el oriente de la ciudad de México.
Al menos ése es uno de los argumentos de la defensa de Reyes Bravo al solicitar un amparo contra la exhibición del documental y del que se hizo eco la titular del juzgado Decimosegundo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, quien el martes 1 ordenó que se suspendiera temporalmente la proyección en tanto se desarrolla el litigio que implica la confrontación de derechos: los de la libertad de expresión y de recibir información con los de la intimidad y la vida privada.
Pero el amparo también fue promovido ante las amenazas de muerte que según el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) recibió el testigo.
En su primera resolución, la juez federal optó por la suspensión provisional ante uno de los argumentos de la defensa: que desde el inicio de la exhibición Reyes Bravo “ha sido sometido a un proceso de desprestigio en su persona al grado de haber sido objeto de vejaciones, humillaciones, burlas y amenazas por parte de personas que no conoce y que lo ofenden incluso en la vía pública”.
Reyes Bravo fue el testigo de cargo contra José Antonio Zúñiga, joven vendedor ambulante de Iztapalapa que había sido condenado sin pruebas por la justicia del DF a 20 años por un asesinato ocurrido en diciembre de 2005. Estuvo encarcelado más de dos años hasta que con el apoyo de dos abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) logró la reposición del procedimiento y, con ello, su liberación.
La víctima mortal, Juan Carlos Reyes Pacheco, era primo del testigo, quien en el primer informe policial aparece como integrante de una banda a la que también pertenecía su familiar. En el reporte, referido en entrevista por el abogado de Zúñiga, Rafael Heredia, dice que la muerte estuvo relacionada con un ajuste de cuentas por la falta de pago en la venta de mariguana en la zona.
El testigo quedó en manos de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y declaró contra el presunto culpable. En la reposición del procedimiento, presionado por la defensa de Zúñiga y ante la debilidad de su acusación, Reyes Bravo tuvo que retractarse y...
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