Diplomacia pendenciera y vilipendiada
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Bajo presión internacional y con movilizaciones multitudinarias en el país, el gobierno acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la integración del GIEI. El informe de investigación y primeras conclusiones se presentaron el 6 de septiembre de 2015, señalando irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, descalificando la llamada "versión histórica". Luego, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato se renovó seis meses, plazo que concluirá el sábado 30.
Desde la presentación del informe, el grupo de expertos encontró obstáculos por parte del gobierno, al cual terminó acusando de violentar acuerdos, alentar el desprestigio contra sus miembros, entre otras cosas por admitir una denuncia (por el destino de los recursos públicos asignados al GIEI) contra el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
Días antes de anunciar el fin de la relación, la Procuraduría General de la República (PGR) admitió abrir una averiguación previa contra Álvarez Icaza, por ser quien firmó el acuerdo entre la CIDH y México. La Comisión respondió el 29 de marzo con un comunicado en el que afirmaba que había una campaña de desprestigio y reprobaba que se diera entrada a la denuncia.
Ese día, el secretario de Gobernación anticipó, en entrevista con Radio Fórmula, que no daría prórroga al GIEI.
En reacción a ello, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo en entrevista con este semanario: "No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayot-zinapa. Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH" (Proceso 2057).
Lejos de suavizar la tensión, el gobierno peñista se radicalizó. El sábado 2, un grupo colegiado de expertos en fuego y la PGR revelaron conclusiones preliminares que reforzaban la "verdad histórica" ofrecida un año antes, al afirmar que al menos 17 cuerpos fueron calcinados en el basurero de Cocula y asegurando que ahí pudieron desaparecer los 43 jóvenes.
En respuesta, el GIEI denunció un día después que la PGR había roto acuerdos y que las conclusiones no se habían trabajado con ellos. La crisis avanzaba y ese día los expertos patentaron su rompimiento con la PGR.
El gobierno negó la ruptura el jueves 7 cuando, al anunciar la gira presidencial por Alemania y Dinamarca, el vocero presidencial Eduardo Sánchez, se limitó a...
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