Diez ofensas a la inteligencia

AutorErnesto Villanueva

Primero. La propuesta inicial, consistente en una iniciativa de "ley contra la infiltración del crimen organizado en las entidades municipales", es, de entrada, una respuesta retórica por la coyuntura de Ayotzinapa. Si por cada tragedia se hace una nueva ley como instrumento de seguridad psicológica, habrá una hi-perinflación legislativa. Además, se quiere hacer pensar que el narcotráfico sólo se incuba en los municipios y no en los estados, en la Federación y en toda instancia pública y privada. De igual forma, esa ocurrencia presidencial ignora que el municipio es el primero y más importante organismo constitucional autónomo, de acuerdo con el artículo 115 constitucional. Por esta razón, la propuesta de EPN es un absurdo ya que no basta una ley, sino una reforma constitucional, que además debería discutirse con una visión de gran calado.

Segundo. EPN preconiza "refinar con precisión y claridad las competencias de cada autoridad en el combate al delito". No se sabe a ciencia cierta qué quiso decir. Pero basta leer lo dispuesto en el artículo 124 constitucional, que a la letra dice:

"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados". De esta suerte, dicha "refinación" únicamente podría hacerse con una reforma de los principios cardinales de la Constitución federal, lo que dejaría sin efecto el federalismo, que constitucionalmente está protegido.

Tercero. EPN busca la creación de 32 policías estatales únicas. Esta iniciativa tiene dos grandes inconvenientes: a) Se parte de que los "malos" son los policías municipales, y de que los estatales y federales son buenos y puros, cuando todos sabemos que no es así. La corrupción y el crimen organizado están infiltrados en todos los niveles de gobierno en mayor o menor medida, y b) Esa idea reclama forzosamente reformar también la Constitución federal, pues de manera clara el artículo 115, fracción III, numeral h), dispone que el municipio tendrá a su cargo la "seguridad pública", y el artículo 21 establece en su párrafo octavo que: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios". En una muestra de ignorancia, EPN dice además que "la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan". Sin comentarios.

Cuarto. EPN anuncia un teléfono único de...

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