Desprecio por la legalidad y los ciudadanos
| Autor | Jesús Cantú |
Como en los viejos tiempos del priiato, para los legisladores tricolores lo único que importa en estos momentos es cumplir con las encomiendas presidenciales, sin importar las consecuencias negativas que tengan para el país. La declaración del líder de la bancada priis-ta en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, tras los pronunciamientos de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, revela su profundo desprecio por esas opiniones: "Yo ya les dije... aquí la decisión la toman 128 compañeras y compañeros senadores".
Nada importa la solidez de las argumentaciones en contra; la autoridad moral de quienes las han emitido (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH-; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH-; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-; los rectores de la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana; ocho comisiones de los derechos humanos estatales; y, por supuesto, muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana); la contundencia de las cifras que demuestran el fracaso de la estrategia. El caso es que esos legisladores tienen que demostrar su lealtad al monarca sexenal, que les ordena aprobar cuanto antes estas reformas para asegurar su impunidad y cumplirles a los militares.
Ambas reformas legislativas están vinculadas porque impactan a dos instituciones fundamentales en el combate a la inseguridad: la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas, aunque estas últimas no deberían estar involucradas, salvo casos excepcionales. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto busca asegurar el control discrecional de ambas en este tramo final de su mandato y, especialmente, de cara al proceso electoral y a la sucesión presidencial.
En el caso del fiscal el problema no se encuentra en el transitorio que facilitaba el paso automático del procurador en funciones a fiscal general, sino en las disposiciones establecidas en el artículo 102 de la Constitución, que le permiten nombrar a un incondicional suyo en el cargo (Proceso 2132).
Mientras tanto, en el caso de la Ley de Seguridad Interior, la reforma correspondiente busca el respaldo de una ley para mantener "el espíritu de convertirlas en el ejército discrecional del presidente, en pleno proceso electoral", como señala el pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil que integran los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva.
Los legisladores despreciaron...
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