“Desorden, errores y faltas graves” en la SCJN
| Autor | La Redacción |
Señor director:
Le solicitamos publicar esta denuncia, dirigida a la opinión pública y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
En junio de 2009 la SCJN emitió una convocatoria para prestadores de servicios profesionales en el marco del Programa para la Modernización de Archivos bajo Resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Generados por los Juzgados de Distrito (1951-2003), con el fin de analizar expedientes judiciales federales y determinar su conservación o destrucción total o parcial según el Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por el Pleno de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal.
Desafortunadamente, se trata de un “Programa…” sin planeación, organización, administración ni estructura, lo que ha propiciado la utilización del gasto público de manera indiscriminada, así como la simulación de contratos de prestación de servicios profesionales sin cubrir derechos elementales.
Además de que hay un incumplimiento reiterado del pago puntual, que en ocasiones excede hasta tres meses, la SCJN retiene a los prestadores de servicios profesionales “incorrectamente” los impuestos, específicamente el IVA, ya que en vez de pagarnos este impuesto y después retenerlo como es debido, nos lo cobra, como si la SCJN nos prestara el servicio a nosotros. En total, estamos hablando de casi un cuarto de millón de pesos al mes cuyo paradero desconocemos.
En el “Programa” no hay reglas exactas para el análisis y la valoración de los expedientes judiciales, pues no existe un plan de trabajo definitivo ni un manual de ejecución, sino simples lineamientos impuestos fuera de toda lógica jurídica, sin fundamentación y con inobservancia del acuerdo que se supone rige al “Programa…”.
No es todo. Se registra igualmente improvisación, desorden, errores y faltas graves, como la orden expresa de desconocer causas penales con la finalidad de sustraer documentos originales y objetos, entre ellos drogas, de los expedientes sin inventario que se entregan a personal de la SCJN, sin que sepamos en poder de quién quedaron.
Todo esto hace presumir que existe nepotismo, compadrazgo, favoritismo o tráfico de influencias en el más alto tribunal. Como no existen criterios adecuados para el análisis de los trabajos, suponemos que expedientes de relevancia documental, histórica, política o social han sido destruidos en detrimento del acervo histórico-jurídico de nuestro país.
Estas y otras irregularidades fueron señaladas en...
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