Derrota la cultura a Costco con el Precio Único
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Después de tres años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad del Precio Único del Libro (PUL) en México. Un solo voto hizo la diferencia entre el criterio económico y lo que se estableció como el ejercicio de un derecho cultural.
La Corte llegó a esa determinación al negar un amparo interpuesto por Cost- co de México, perteneciente a una cadena internacional de tiendas departamentales, que impugnó los artículos 22 y 24 de la Ley de fomento para la lectura y el libro al considerarlos violatorios de la Constitución Política.
Según esa empresa, la más grande del mundo en ventas al mayoreo, ambas disposiciones de la ley, que obligan a la fijación del precio único de venta al público, van contra el artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas.
La ministra Olga Sánchez Cordero fue la encargada del juicio y en su proyecto de resolución rebatió los argumentos de la empresa fundada en 1993 en Seattle, Washington.
Tuvieron que pasar tres años para que se resolviera el diferendo sobre la ley. El 23 de julio de 2008, Felipe Calderón firmó el decreto de su promulgación, luego de que en abril de ese año el Congreso rompiera el veto que le había impuesto en 2006 el entonces presidente Vicente Fox, quien también se oponía a la fijación del precio único.
El artículo 22 de la ley establece que toda persona física o moral que edite o importe libros “estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe”. El editor o importador “fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”.
A los vendedores de libros al menu- deo, el artículo 24 los obliga a aplicar el precio único de venta al público “sin ninguna variación”. Esa disposición no aplicar a las compras que para sus propios fines hagan el Estado, las bibliotecas o las instituciones educativas o de investigación, salvo que lo realicen con fines de reventa.
La Ley de fomento a la lectura y el libro precisa que los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público cuando se trate de libros editados o importados con más de 18 meses de anterioridad, de libros antiguos, usados, descatalogados, agotados y artesanales.
El debate en la Corte ocupó tres sesiones del pleno de ministros, que hicieron dos bloques en torno a la propuesta de Sánchez Cordero. Al final, por seis votos a cinco, la Corte le negó el amparo a Cost- co de México.
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