Derroche y opacidad aplastan al sistema de vigilancia y seguridad de Jalisco
| Autor | Gloria Reza |
GUADALAJARA, JAL.- Creado para captar información que sirva en estrategias y medidas de seguridad pública, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo (C5) en Jalisco muestra grietas en su operación y funcionamiento: con seis personas por turno que están pendientes de más de 6 mil cámaras -muchas descompuestas-, derrocha recursos y opacidad en compras y servicios.
Contratos obtenidos por transparencia, correspondientes a los últimos años de su operación, demuestran un dispendio en adquisiciones, asignaciones directas con empresas ligadas entre sí o cuya contraprestación no queda clara por una renuencia a entregar la información.
El 2 de junio de 2018 se publicó el decreto de creación del C5. Su propósito es captar información a través de su sala de video-monitoreo que ayude a tomar decisiones en cuestiones de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública y urgencias médicas, entre otras funciones.
Aún no tenía dos años de operar cuando empezaron las anomalías en ese organismo que en 2020 recibió un presupuesto de poco más de 265.5 millones de pesos. Hasta el 15 de enero pasado Alejandro Plaza Arriola fungió como su director general.
Plaza, quien antes trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública Federal negó su salida del C5 -donde estuvo durante tres años- en varias ocasiones, la última de ellas en diciembre. Sin embargo, el lunes 17 fue presentada Ruth Ruiz Velasco como nueva titular de la dependencia.
Según corroboró Proceso, durante su gestión Plaza firmó varios contratos. Una parte de los recursos del Organismo Público Descentralizado (OPD) se destinó a pagar a Seguritech Privada, S.A. de C.V., una póliza de "mantenimiento integral del sistema de videovigilancia del Escudo Urbano C5", vigente durante un año, del 28 de agosto al 27 de agosto de 2021, a un costo de casi 150 millones de pesos.
De nada sirvió el gasto millonario, puesto que el personal de nómina del C5 se encarga de dar el mantenimiento al sistema de videovigilancia, aseveran empleados del OPD, quienes solicita a Proceso el anonimato por temor a ser despedidos.
El contrato firmado por Plaza Arrio-la con Seguritech está testado en su versión pública en puntos relevantes, como los servicios que debe prestar la empresa. Por ello, se apeló a la ley de Transparencia para que el C5 detallara qué tipo de servicio debió dar esa empresa.
El 18 de marzo de 2021 el titular de Transparencia del C5, David Barragán Bravo, respondió que la información está reservada parcialmente y ofreció un link que lleva al mismo contrato testado.
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