En derechos humanos, reprobado
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Intolerancia a la crítica, deterioro constante, negligencia, negación de la crisis humanitaria, falta de voluntad política, ingobernabilidad y fabricación de verdades oficiales ante los abusos, son algunos de los rasgos que distinguen la política de derechos humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El balance lo hacen para Proceso directivos de Freedom House, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), así como un integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, consultados por separado.
Cumplidos ya cuatro años de gobierno de Peña Nieto, los expertos entrevistados advierten de retrocesos graves y cifras oficiales alarmantes, ineludibles, en materia de derechos humanos, al mantenerse intocada la política de combate frontal contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, quien heredó más de 26 mil desaparecidos, cifra que se ha incrementado durante la actual administración a cerca de 28 mil.
Si Calderón dejó una imagen preocupante por los altos índices de abusos de las Fuerzas Armadas y por masacres inimaginables, como las de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, para los defensores de derechos humanos lo que se ve es la multiplicación de esos horrores.
No sólo eso. La falta de acceso a justicia y verdad en México lo han colocado a la cabeza de los países americanos con mayores peticiones de intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluso muchas más que durante el sexenio de Calderón, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico.
Según el último informe de la CIDH, con datos de 2015, en los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto se acumularon 2 mil nueve quejas de víctimas ante ese órgano de la OEA, 423 más que las registradas durante todo el sexenio de Calderón, que fueron mil 586.
A escala nacional, en su último informe de labores la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó de un incremento de 18% en los expedientes de queja entre 2014 y 2015, al pasar de 8 mil 455 a 9 mil 980, y en casi la tercera parte de las denuncias, 3 mil 24, se ubicó como responsables de los abusos a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública.
Familias investigadoras
Más allá de las cifras, durante el gobierno de Peña Nieto las imágenes de país en esta materia son devastadoras.
"Ver que los padres de familia son los que buscan en las fosas clandestinas a sus hijos, porque las instituciones del Estado no lo hacen, ¿qué significa?, ¿por qué tiene un padre de familia que destinar sus fines de semana a desenterrar cadáveres? Eso le toca, en un país civilizado, al gobierno; eso lo hacen las procuradurías. Aquí lo hacen los familiares, que además realizan la investigación. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que abdica de esa responsabilidad?", pregunta indignada Mariclai-re Acosta Urquidi, directora de Freedom House.
Entrevistada en su oficina, sostiene que en materia de derechos humanos "el panorama se ve bastante negro" para México, calificado por...
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