Derechos humanos: promesas incumplidas
| Autor | Santiago Aguirre |
Las desapariciones no son sólo una herencia del pasado sino una dolorosa herida del presente. Y no únicamente porque la angustia que genera la ausencia de un ser querido en sus familiares se actualiza momento a momento, sino, sobre todo, porque el fenómeno no se ha erradicado. De acuerdo con las cifras oficiales, se registran más de 100 mil personas desaparecidas en México, de las cuales casi 90 mil lo han sido de 2006 a la fecha, y específicamente alrededor de 30 mil de 2018 al presente, a razón de cerca de 9 mil personas desaparecidas por año este sexenio. Una tendencia que no parece disminuir, sin que se haya adoptado hasta ahora la recomendación formulada precisamente este año por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones en el sentido de que se adopte una "política nacional para prevenir y erradicar" este flagelo. En este panorama, aunque hay algunos esfuerzos gubernamentales relevantes de búsqueda e identificación, a menudo aislados y no apoyados por todas las instituciones, las madres buscadoras siguen dejando la vida haciendo lo que el Estado omite: cinco de ellas fueron asesinadas por buscar a sus hijos durante 2022.
En cuanto a la impunidad generalizada, ésta no ha sido revertida. Quienes en México son víctimas de un delito o de una violación a derechos humanos sólo conocen la justicia en dos de cada 100 casos. El cuello de botella se ubica, sobre todo, en las fiscalías. Nuestro problema de impunidad es fundamentalmente un problema de policías y ministerios públicos, no de jueces y juezas pese al insistente y desafortunado discurso oficial. El tránsito de las procuradurías a las fiscalías significó sólo un cambio de nombre, no de prácticas; peor aún: invocando a conveniencia su autonomía, las fiscalías hoy se abstienen de colaborar con otras áreas de la administración pública, como lo acredita el rezago en la creación del muy necesario banco nacional de datos forenses. Entre tanto, la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción. Volveremos a cerrar el año con más de 30 mil homicidios, de los cuales sólo unos cuantos llegarán a ser resueltos por la justicia. Incluso casos que este año volvieron a sacudir la adormecida conciencia nacional frente a la violencia, como el de los entrañables sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y Joaquín Mora, permanecen impunes.
El poder de las Fuerzas Armadas, por su parte, se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. Más de 10 cambios legales...
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