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Denuncia que la reforma educativa abre las puertas a la represión

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Vincent

Señor director:

Los citados lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación a finales de marzo pasado tienen un agregado doloso y de mala fe en su apartado de "la organización y operación del proceso". En el subapartado "de la aplicación de los instrumentos de evaluación", artículo 40, fracción VI, se lee: "VI. Que la fuerza pública se abstenga de ingresar al aula de aplicación de los instrumentos de evaluación, salvo en las condiciones excepcionales debidamente acreditadas que lo ameriten".

Esto significa que el INEE otorga todas las facultades a los aplicadores para acreditar esas "condiciones excepcionales" y que avalen, a su albedrío, el uso de la fuerza pública en los salones de aplicación. Esta facultad la podrían usar, por ejemplo, para sacar a los maestros que se resistan a ser examinados o que llamen a sus compañeros a no presentar el examen, como ocurrió en aplicaciones anteriores.

La fuerza pública ya no estará únicamente en los alrededores de los centros de aplicación para brindar seguridad, como manifestó el secretario de Educación, Aurelio Ñuño, en años anteriores. Ahora los agentes podrán entrar a las aulas y someter a los docentes "revoltosos" desde su óptica. La evaluación, así, será un verdadero acto de violación de derechos del profesorado y de sometimiento policiaco, como si el maestro fuera un delincuente...

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