Denuncia a invasores coludidos con varios servidores públicos

Señor director:

Desde 1913 mi familia es propietaria del predio Los Ocotitos, en Santa Fe. La noche del 2 de junio de 2006 una treintena de individuos nos invadieron. En ese momento solicité a la Policía de Seguridad Pública poner a los invasores ante el Ministerio Público. No lo hizo, y más tarde el licenciado Alejandro Tomé, responsable de la agencia del Ministerio Público, se negó a iniciar la averiguación previa.

Tras mis exigencias, fue iniciada con el número FCJ/CUJ2/T2/265/06-06. Aunque en enero de 2007 el Ministerio Público asignado iba a consignar, el fiscal Bernardino Rico Maya le retiró el expediente y lo guardó bajo llave (según su propia expresión) para que nadie de sus subalternos supiera de las investigaciones que realizaría y de la determinación que adoptaría.

De manera inexplicable, resolvió el no ejercicio de la acción penal, pese que a nosotros nos había mencionado que era un "robo en despoblado". Promovimos un amparo y acudimos con el jefe de Gobierno, quien nos canalizó con el procurador Félix Rodolfo Cárdenas, el cual nos pidió regresar cuando se resolviera nuestro amparo.

En la fiscalía nos enteramos de algo que los invasores pregonaban: que contaban con el apoyo de Mariagna Prats, esposa del entonces jefe de gobierno. Acudimos a verla en sus oficinas del DIF, pero nunca accedió a atendernos. Le dejamos varios comunicados refiriéndole que esa gente se jactaba de su apoyo. Días después, y sin haber ella respondido, su secretario particular nos recibió e informó que el licenciado Ebrard le había pedido "sacar las manos de este asunto".

En agosto de 2007 nos otorgaron el amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito (expediente 363/2007) y el procurador ordenó la prosecución de la averiguación previa. Le solicitamos que el expediente no fuera enviado a la fiscalía de Cuajimalpa por favoritismo hacia los indiciados.

Gracias a su intervención, la averiguación previa se integró y consignó en las oficinas centrales de la procuraduría, quedando como causa penal (expediente 210/08) en el Juzgado Décimo Primero Penal, con sede en el Reclusorio Norte.

Allí, el juez Carlos Casiano García consideró que había algunas actuaciones que complementar, y la regresó a la fiscalía en artículo 36. Después de subsanar lo solicitado, se consignó nuevamente y el juez volvió a regresarla...

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