Delatores anónimos: una vergüenza nacional
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La liberación de Rodolfo de la Guardia, ex director de la Interpol México y de Despliegue Regional de la antigua AFI, obliga a la comunidad jurídica de México a hacer algunas refiexiones. Si De la Guardia era o no un peligroso criminal, nunca lo sabremos. "Alguien" dijo que lo era y eso bastó para que se le encarcelara cuatro años. Nadie explicó de qué se le acusaba, quién lo acusaba o qué pruebas se presentaron en su contra para que "un agente del Ministerio Público corrupto y un juez corrupto" -no cabe otro adjetivo para ninguno de los dos- procedieran a acusarlo y juzgarlo con un rigor y desaseo propios de la era medieval. Si de veras era responsable de lo que se le achacó, ¿por qué nadie lo explicó a la sociedad? Nadie está a favor de la impunidad. Pero castigar tiene sus reglas. Estas reglas las consagra nuestra Constitución.
Ahora que el magistrado Miguel Ángel Aguilar López lo absolvió de los últimos cargos que se le imputaban; ahora que dos jueces federales y siete magistrados concluyeron que los delatores anónimos no aportaron ninguna evidencia, razón por la que el agente del Ministerio Público que lo consignó y el juez que lo sentenció no pudieron contar con ellos, vale la pena que revisemos los extremos a los que hemos llegado en pleno siglo XXI. Así como en el medievo se permitía enviar a mujeres intachables a la hoguera, acusadas de brujería, y así como a lo largo de las etapas más oscuras del sistema penal se ha permitido que los poderosos eliminen a sus enemigos, así estamos actuando en el México que pretende ser un Estado Democrático de Derecho, que entrará a tambor batiente en el siglo XXI.
Si un enemigo suyo declara que usted es socio de un narcotraficante, ¿basta con su dicho para que un agente del Ministerio Público o un juez lo envíen a usted a prisión cinco o diez años? Iniciar una investigación policial a partir de una denuncia anónima es una práctica internacional que merece nuestro respaldo. De hecho, así se inician muchas investigaciones. Proteger a quien dio "el pitazo" para dar con un pillo es algo que se hace en todo país desarrollado y la protección de testigos debe alentarse y perfeccionarse... Pero fundar todo el proceso penal en un chisme se antoja horripilante.
De la Guardia ha declarado que se dedicará a defender a las muchas personas que, como él, están en prisión sin prueba alguna en su contra, y condenados solamente por una declaración que nadie ha verificado. Un caso similar es el del general...
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