Debaten estado de excepción en Venezuela
| Autor | Cristina Marcano |
Especial
CARACAS.- Durante un eventual estado de excepción, las rotativas de los periódicos se detendrían, los canales de televisión no podrían transmitir ninguna información, la radio se limitaría a difundir canciones y se suspenderían las garantías al debido proceso, según un proyecto de reformas constitucionales que hoy será presentado en Venezuela.
La iniciativa, que debe ser aprobada por el Congreso y luego sometida en diciembre a un referendo, ha encendido una fuerte polémica.
La comisión parlamentaria a cargo de analizar el proyecto del Presidente Hugo Chávez, que planteó reformar 33 artículos de la Carta Magna, decidió -con la venia del Mandatario- modificar 25 artículos más. En total 58 artículos de los 350 que tiene la Constitución de 1999.
Las 25 nuevas propuestas fueron incorporadas la semana pasada en apenas 32 horas de trabajo de la comisión en la que participan unos 40 de los 167 diputados que tiene la Asamblea.
Aunque hay cambios como la eliminación de la propiedad intelectual, que han creado alarma, el único que ha sido cuestionado incluso por parlamentarios y líderes oficialistas es el del artículo 337, que rige los estados de excepción.
"Se trata de un evidente retroceso en los derechos humanos", opinó el diputado Juan José Molina del opositor partido Podemos, mientras el chavista Wilmer Iglesias, consideró que un estado de excepción es una violación de los derechos humanos.
Otros seis parlamentarios, como Carlos Escarrá, también se han manifestado en contra.
"No se puede limitar el derecho a la información, que es un derecho de todos los ciudadanos. Quizá lo que se pudiera es tomar medidas para que los dueños de los medios no cometan abusos", indicó Escarrá.
El artículo en cuestión establece que en ningún caso se podrán suspender las garantías referidas al derecho a la vida, al debido proceso y a la información. Los estados de excepción pueden ser decretados por el Presidente ante circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación.
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, justificó el cambio señalando que, durante el golpe de Estado de 2002, algunos sectores, abusando del derecho y las garantías que les da la Constitución incurrieron en delitos y sostuvo que no hay de qué preocuparse porque la información "oportuna y veraz" la dará el Gobierno.
En relación a la garantía al debido proceso, opinó que debe suprimirse en el estado de excepción para...
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