Da Corte revés a la Comisión de Competencia
| Autor | Víctor Fuentes |
La Comisión Federal de Competencia sufrió su tercer revés consecutivo en la Suprema Corte de Justicia en menos de dos meses, racha en la que el máximo tribunal restringió sensiblemente varias facultades de esa dependencia.
"La Ley Federal de Competencia Económica no puede aplicarse a las entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, cuando éstas actúan acordes a sus atribuciones, y la CFC tampoco puede supervisar, investigar o sancionarlas", determinaron los ministros.
La Corte resolvió favorablemente una controversia constitucional promovida en mayo de 2001 por el ex Gobernador de Campeche, Antonio González Kuri, contra una resolución en que la CFC le recomendó modificar la Ley de Vialidad, Comunicaciones y Transportes del estado, con el argumento de que violaba la libre competencia económica en ese sector.
Por unanimidad, los ministros resolvieron que la CFC no puede efectuar este tipo de controles sobre actos de otras autoridades.
La CFC ya se convirtió en cliente de la Corte. El 25 de noviembre, el máximo tribunal limitó las facultades de investigación de la Comisión al declarar inconstitucional una fracción del artículo 10 de la LFCA. Dicha fracción otorgaba amplia discrecionalidad a la Comisión para iniciar investigaciones por presuntas prácticas monopólicas.
Con esa sentencia, la Corte dio además una victoria a la multinacional Warner Lambert en un litigio de siete años contra la CFC, conocido como "la guerra de los chicles", resultado de una investigación sobre supuestas prácticas monopólicas en el mercado de chicles de caja.
El pasado 6 de enero, en su primera sesión del año, la Corte prolongó la mala racha de la CFC, al resolver en favor del Gobierno de Durango una controversia constitucional, derivada de la aplicación de la Ley de Fomento Ganadero de esa entidad en perjuicio de productores de huevo.
Los ministros declararon inválidos en esa sesión los artículos 14 y 15 de la LFCE, que permitían a la Comisión determinar los casos en que una autoridad estatal es responsable de bloquear el libre ingreso o salida de productos por su territorio.
El caso resuelto ayer derivó de una "recomendación" formulada por la CFC al Gobierno de Campeche en febrero de 2001 para reformar su ley de transporte, con el argumento de que las reglas para otorgar concesiones de transporte público en la entidad violan la LFCE.
La legislación estatal, vigente desde 1986, sujeta el otorgamiento de concesiones a una declaración...
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