Su crimen: denunciar al gobernador Sabines
| Autor | Isaín Mandujano, Rodrigo Vera |
Copainalá, CHIS.- Recluido en el penal de mediana seguridad de esta localidad, a unos 80 kilómetros de la capital del estado, este mes se cumple un año de la persecución al abogado y cofundador del PRD Horacio Culebro Borrayas por desafiar jurídicamente al gobernador Juan Sabines Guerrero.
En su edición 1731, del 3 de enero de 2010, Proceso reveló en el reportaje El estilo Sabines: argucias, trampas, mentiras cómo el mandatario chiapaneco pretendió cancelar los comicios locales para elegir a 40 diputados locales y 118 presidentes municipales, a fin de reelegir a los funcionarios que ya se habían alineado con su administración.
Culebro Borrayas fue uno de los principales impugnadores de los decretos que Sabines Guerrero y sus operadores políticos trataron de ocultar para que ningún recurso jurídico los echara abajo. El litigante y exdiputado local urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) a que interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Sabines.
Fue más allá: demandó penalmente al gobernador y a los 40 diputados locales por falsedad de declaraciones, ya que negaron la existencia de los decretos para cancelar las elecciones.
Entrevistado en la prisión, enfatiza que la aberración jurídica cometida por el Ejecutivo fue tal, que el 15 de febrero del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley Sabines por ocho votos a favor y tres en contra, y ordenó realizar los comicios locales. Dos de los tres ministros que votaron a favor de la Ley Sabines son chiapanecos: Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández. Y éste a su vez es padre del amigo y excolaborador de Sabines, Jaime Valls Esponda.
Aunque los opositores, especialmente los precandidatos a alcaldes y diputados, celebraron la revocación de la Ley Sabines, esto marcó el inicio de la persecución de Culebro Borrayas. Dos días después de que la SCJN diera su fallo, el 17 de febrero, policías estatales interceptaron al abogado y lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde lo interrogaron durante 10 horas. En esa ocasión lo liberaron.
Sin embargo, el 24 de febrero lo detuvieron de nuevo. De los separos de la PGJE lo trasladaron a la casa de arraigo ubicada en la Quinta Pitiquito, en el tramo carretero que comunica a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo.
Ese día empezaron la tortura psicológica y el acoso judicial. El maestro en derecho constitucional no sabía de...
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