Creel: Tres años de impunidad

AutorMarcela Turati

CREEL, CHIH.- Durante tres años escucharon promesas de gobernantes que decían compartir su dolor. Sin embargo, este martes 16 se cumple el tercer aniversario de la masacre en la que perdieron a sus esposos, hermanos o hijos, y las familias de los 12 jóvenes y el bebé asesinados en este pueblo siguen con las manos vacías: los homicidas no están pagando una condena y el memorial que iba a construirse en honor a los difuntos fue dejado a medias.

Para combatir el olvido al que sus muertos han sido condenados y repudiar la infamia ocurrida durante este sexenio en este pueblo serrano, las familias organizan un homenaje.

“El día 16, vamos a colocar una placa en memoria de los 13, en el mugrero de plaza que se hizo y que nunca terminaron. Todo lo seguimos viendo como una burla porque el juicio a los tres detenidos siempre se pospone y no han ido por otro de los asesinos que ya dijimos dónde está”, critica Brisa Loya, hermana de Kristian, uno de los jóvenes estudiantes masacrados.

Connie Encinas, quien perdió a su esposo y a su bebé de año y medio en la matanza, confirma: “La plaza está igual: ni se ve porque no tiene ni luz, está incompleta, le faltaron detalles, les iban a poner las fotos de ellos en unos monolitos, pero el gobernador Reyes Baeza la dejó incompleta, y ahora menos le va a echar ganas el nuevo. Como vemos que se va a quedar así haremos una misa, una procesión, y pondremos una placa para que sepan que no los vamos a olvidar nunca, se haga o no justicia”.

El 16 de agosto de 2010, una caravana de asesinos entró al pueblo y no encontró a ningún policía que la interceptara (convenientemente, las autoridades estaban de día de campo), llegó a la pista donde recién terminaba una carrera de caballos, interrogó a varios asistentes, se dirigió a una bodega donde un grupo de muchachos descalzos jugaba carreras, sacó sus metralletas, disparó contra 19, hirió a uno, mató a 13 (entre ellos a un bebé en brazos de su padre), salió rechinando llanta por la calle principal y cruzó varios pueblos sin un solo inconveniente.

Al lugar de los hechos no llegó ninguna autoridad a levantar los cadáveres, por lo que el cura del pueblo, Javier Ávila, tuvo que fungir como Ministerio Público. Desde entonces las familias no han dejado de investigar la masacre y ni de exigir justicia: suspendieron todos los actos públicos en el pueblo, detuvieron el tren Chihuahua-Pacífico, tomaron casetas, se presentaron en actos del gobernador, hicieron plantones, se manifestaron...

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