La crítica que fortalece a las instituciones públicas
| Autor | L. Darío Ángeles González |
| Cargo | Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey |
| Páginas | 30-31 |
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Hace algunas semanas, la comisionada supernumeraria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAI) de Nuevo León, María Eugenia Pérez Eimbcke, presentó una denuncia de hechos que podrían constituir una causa de responsabilidad administrativa en contra del comisionado presidente de la misma comisión, ya que, presuntamente, éste reveló información confidencial de la comisionada sin contar con su autorización expresa.
A raíz de este hecho leí cuando menos cuatro editoriales y seis notas periodísticas haciendo referencia a la CTAI, y algo me preocupó: la reacción política. Los medios de comunicación y los comentarios editoriales se centraron en críticas a la CTAI enfocadas a los costos, a la actuación, a la efectividad y hasta a la existencia misma de la comisión y, salvo las notas que cubrieron la presentación de la denuncia, nadie pareció darle importancia al punto medular de este tema: al presidente del órgano encargado de resguardar la información confidencial de los particulares se le acusa de difundirla.
De concluir que existen pruebas suficientes que acrediten su responsabilidad, la denuncia debe imponer una sanción al funcionario. Ésta es una cuestión estrictamente legal y en ella se debe centrar la atención de los interesados en el tema para evitar politizar el caso.
El problema de politizar la labor del órgano es que el escenario político se vuelve el lugar común en el que se pretenden solucionar los asuntos legales, lo que asegura la eficacia del "golpeteo político".
No lo olvidemos: la CTAI cumple la trascendente función de garantizar el derecho de acceso a la información, así como la de proteger la información confidencial que se encuentra en manos de los poderes públicos. Por supuesto que el modo como cumple con su función debe ser objeto de crítica. No obstante, esto es distinto a cuestionar la existencia misma del órgano.
El problema de politizar la labor del órgano es que el escenario político se vuelve el lugar común en el que se pretenden solucionar los asuntos legales, lo que asegura la eficacia del "golpeteo político".
En este caso el daño está hecho: la fortaleza del órgano se ha visto disminuida ya que ahora la comisión se encuentra sometida a los avatares de la política. Y los que perdemos con esto somos los ciudadanos, pues sin fortaleza institucional difícilmente un órgano puede cumplir con la función que se le ha encomendado para nuestro beneficio.
Ejemplos de lo anterior sobran en el país...
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