... Y la Corte Penal lo reprobó
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Felipe Calderón fracasó en su intento de colocar a un abogado mexicano como magistrado de la Corte Penal Internacional (CPI). Su candidato, el procurador fiscal de la Federación Javier Laynez Potisek -un burócrata del derecho, consentido de los últimos tres sexenios-, no aprobó ni el primer filtro de selección.
No fue su único tropiezo: a finales de 2006 fue candidato a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y obtuvo el mismo resultado que ahora en su intento de llegar a la CPI: reprobó.
El 26 de octubre, el panel especial para la elección de magistrados de la CPI concluyó que, de los 19 candidatos propuestos por igual número de países, cuatro son "no calificados" -entre ellos el mexicano-para participar en la elección que se celebrará del 12 al 21 de diciembre próximos en la ONU.
La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, Holanda, creado a partir del Estatuto de Roma, un acuerdo internacional firmado en 1998 por representantes plenipotenciarios de casi todos los Estados miembros de la ONU. Goza de autonomía y su función es juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
En el último año diversos personajes han mencionado la posibilidad de someter a juicio a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos durante la guerra contra el narcotráfico. En ese contexto se dio la nominación de Laynez Potisek como candidato.
En su libro Historias de muerte y corrupción, Julio Scherer García esboza el tema. También el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ha planteado la configuración del delito de genocidio por la implicación de agentes federales en la matanza de migrantes centroamericanos, lo cual, sostiene, es "una forma de administrar la política migratoria" (Proceso 1787).
Hay más acusaciones: el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México estima que 30% de las desapariciones en la guerra calderonista ha sido obra de agentes del Estado. Otros organismos de derechos humanos han mostrado evidencia de ejecuciones extra-judiciales: entre éstas la de Humberto Márquez Compeán, cuyo cadáver fue hallado el 22 de marzo de 2010, un día después de ser detenido por efectivos de la Marina, como quedó registrado en varias fotografías.
Hasta expertos en derecho internacional como el juez español Baltasar Garzón -asesor de la CPI- han considerado la posibilidad de iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad a partir de esta guerra, aunque no...
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