La corrupción tiene permiso
| Autor | Lourdes Morales Canales |
Lourdes Morales Canales
Directora de la Red para la Rendición de Cuentas.
Twitter: @louloumorales
No pasaron ni dos horas del anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto sobre las ocho acciones ejecutivas orientadas a prevenir la corrupción y el conflicto de interés de los funcionarios, para que las críticas llovieran a borbotones en diferentes medios. Para salir de la fuerte crisis de credibilidad y de legitimidad del gobierno actual hacía falta algo más que códigos de ética, protocolos de integridad y lineamientos. La promesa de una declaración de intereses (sin hacerla pública) y el nombramiento de un secretario de la Función Pública a modo, en una dependencia debilitada por la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2012, son paliativos de una estrategia anticorrupción con efectos sociales adversos.
Cuesta trabajo pensar que el Presidente no entienda. Desde su campaña entendió y bastante bien, que la corrupción, en sus diversas manifestaciones, sería el lastre de su gobierno. Los índices de medición de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional muestran cómo México no ha mejorado en los últimos cinco años, colocándose muy por detrás de sus principales socios y ocupando el último lugar de la tabla de los países miembros de la OCDE.
Desde la Red por la Rendición de Cuentas diversas organizaciones han propuesto, con base en la evidencia y las mejores prácticas internacionales, la pertinencia de crear un Sistema Nacional Anticorrupción. Un sistema que permita no sólo corregir comportamientos contrarios a derecho, sino también prevenir actos de corrupción y sancionar a los responsables. Se trata de un sistema porque se requiere que al menos cuatro instancias, y no solo un órgano, trabajen de manera transversal sobre los tres poderes públicos y los tres niveles de gobierno. Este sistema fortalecería los pesos y contrapesos de cualquier gobierno democrático. Sus pilares serían: una Secretaría de la Función Pública fortalecida, una Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades de fiscalización oportuna, un Tribunal de Cuentas capaz de procesar faltas administrativas graves y una Fiscalía Anticorrupción que ya ha sido delineada en el Congreso, pero cuyo titular no ha podido ser nombrado por falta de acuerdo entre los partidos. También es necesario un nuevo...
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