CONTRAPUNTOS / Jueces 'sin rostro'
| Autor | Luis Carlos Treviño Berchelmann y Miguel Sarre |
Ofrecen mayor seguridad para los servidores públicos y certeza jurídica
Luis Carlos Treviño Berchelmann
Ha sido política pública del Gobernador del Estado el impulsar una reforma integral al sistema de justicia, buscando conforme a nuestra realidad un nuevo modelo para la procuración e impartición de justicia en Nuevo León.
En la presente administración se han presentado diversas iniciativas de reforma al marco normativo en materia de justicia, contando con la participación de la sociedad civil, la academia y los Poderes Legislativo y Judicial.
Se han incorporado al sistema de justicia elementos innovadores y se han roto inercias y paradigmas que orientaban el rumbo de la procuración e impartición de justicia en México.
Tal es el caso de las iniciativas de reforma para transitar y continuar avanzando hacia un sistema adversarial, que incluye la implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales; el uso de métodos alternos para la solución de conflictos y salidas alternas en determinados procedimientos penales.
En estos temas, Nuevo León ha sido pionero a nivel nacional.
Otra propuesta fue la reforma legal en materia de "control de confianza", para buscar un adecuado ingreso, permanencia y desempeño de los miembros de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
Ante el aumento de las expresiones de violencia generadas por el crimen organizado en el País y de las cuales nuestra entidad ha sido también víctima, el Gobernador Natividad González Parás presentó en noviembre del 2006 una iniciativa de reforma en materia de combate al crimen organizado.
El eje central de esta iniciativa de reforma se dividió en dos principales vertientes; por un lado el combate frontal a la delincuencia, con innovadoras figuras delictivas, como el "Delito Contra la Seguridad de la Comunidad" y el "equiparable al secuestro" (levantones), con el aumento de la pena máxima a 50 años y con modificaciones que disminuyen los beneficios procesales para este tipo de delincuentes.
Por otro lado, la protección de los servidores públicos, denunciantes, testigos o cualquier interviniente en procedimientos relacionados con el crimen organizado, mediante tipos penales como la divulgación de datos que permitan identificarlos; ataques contra miembros de los cuerpos de seguridad; planear la privación de la vida a un servidor público, así como su acecho.
De igual forma, se planteó el ofrecimiento y entrega de recompensas y la protección de la...
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