Se consuma la inhabilitación del INAI. La aversión a informar y rendir cuentas
| Autor | Diana Lastiri y Mathieu Tourliere |
Pese a los intentos de último minuto para salvar la situación, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no podrá sesionar por un tiempo indefinido, producto de los obstáculos que pusieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado para bloquear el nombramiento de tres comisionados.
Con el INAI fuera de servicio, el gobierno federal deja el sistema de rendición de cuentas en manos de la propia administración -vía la Secretaría de la Función Pública (SFP)- y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo que ha acumulado un gran rezago en la presentación de denuncias durante la gestión de David Colmenares Páramo.
Desde hace más de dos años López Obrador expresó su intención de desaparecer los organismos con autonomía constitucional -a los que acusa de ser costosos y herencias de los gobiernos neoliberales-e incorporar sus funciones a secretarías de Estado; es decir, al presidente. Según un plan que el mandatario esbozó en enero de 2021, las facultades del INAI recaerían en la SFP o la ASF, con la promesa de que las solicitudes de información serían respondidas en un plazo máximo de 72 horas.
Sin embargo, su propio gobierno ha sido particularmente reticente a entregar información bajo el sistema actual de transparencia. De acuerdo con el informe anual del INAI, de las 281 mil solicitudes de información recibidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, las dependencias de la administración declararon la inexistencia de la información en cuatro mil 163 casos, reservó tres mil 850 archivos, se declararon incompetentes en 22 mil 552 ocasiones, y sostuvieron que la información ya era pública en 76 mil 154 casos.
El INAI planteó que en 2022 los usuarios del sistema de transparencia -en su mayoría académicos, empresarios, periodistas, servidores públicos y activistas-solicitaron principalmente información derivadas de las actividades de las dependencias. Sin embargo, en no pocas ocasiones pidieron datos sobre servidores públicos, contratos, temas de salud, sentencias y resoluciones, medio ambiente, archivos, seguridad nacional o violaciones a derechos humanos.
A lo largo de los primeros cuatro años de la administración abundaron los ejemplos de respuestas absurdas de dependencias de gobierno a solicitudes de información: la propia Presidencia de la República suele responder que, tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró la...
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