Nuestra constitución cumple 99 años
| Autor | Ángel M. Junquera Sepúlveda |
| Cargo | Director |
| Páginas | 1-1 |
1
El Mundo del Abogado
Este mes se cumplen 99 años de la promulgación de
nuestra Carta Magna, por lo que resulta inevitable
preguntarnos qué ha ido bien y qué no ha ido tan
bien en México a partir del diseño constitucional que
nos ha sostenido como nación. Considerando las innume-
rables reformas que ha sufrido el texto constitucional, y a
riesgo del lugar común, podríamos concentrarnos sólo en
sus grandes líneas: ¿de veras somos una república repre-
sentativa, democrática, laica y federal, compuesta por
estados libres y soberanos, como lo proclama el artículo 4°?
Medianamente: nuestros legisladores representan los inte-
reses de los partidos políticos —y los de sus dueños— y no
hay que hacernos ilusiones de que esta partidocracia vaya a
cambiar. El hombre de la calle ni está ni se siente represen-
tado a través de sus legisladores, a los que, en la mayoría
de los casos, ni conoce. La no reelección, que se entiende en
un contexto histórico, podría ser causa de este desinterés,
tanto de los legisladores como de la sociedad. Afortunada-
mente, esto está a punto de cambiar.
En cuanto al federalismo, las satrapías en las que
se convirtieron muchos estados, donde el gobernador
actuaba como auténtico señor feudal, han obligado a un
incesante movimiento pendular: a veces ha habido más
federalismo y, a veces, menos. Hoy, el péndulo va hacia el
centralismo. El presidente Enrique Peña sabe, como pocos,
cuáles son los alcances y los límites de un gobernador y,
por lo mismo, ha reconvertido muchos ordenamientos
federales en ordenamientos nacionales para frenar sus
abusos. Considera que si no hay control desde el centro,
el pretendido federalismo sólo será una fuente de corrup-
ción. El debate actual sobre el mando único de las policías
es emblemático.
Por lo que a nuestros niveles democráticos toca, hemos
avanzado, pero el trecho que aún hay que recorrer es
inmenso. Las justas electorales son auténticas y los con-
troles en cada elección son eficaces. Las instituciones que
debieran dirimir los conflictos electorales, sin embargo,
están llenas de fisuras. Bastaría revisar los bandazos del
INE y la parcialidad con la que suele conducirse el TRIFE, a
pesar de que este último presuma haber resuelto más de
20,000 juicios en 2015. Ambas instituciones se han dedica-
do a mantener contentos a los partidos políticos, más que
a garantizar el régimen democrático. ¿O será que, al final,
la democracia es mantener contentos a los partidos?
Sobre el laicismo —un concepto recientemente intro-
ducido, pero presente desde 1917— hay que decir que éste
sigue siendo un ideal. La influencia de la Iglesia católica
es apabullante. Particularmente en los municipios más
pobres. Es cierto que la religión ayuda al control social: las
ideas del pecado y el miedo al castigo divino siguen faci-
litando que la gente se porte “bien”. Pero han contribuido,
asimismo, a limitar su iniciativa, su empuje y su espíritu
crítico. La resignación es su sino: “No importa que hoy seas
pobre y padezcas —enseña la religión católica—: en la otra
vida serás recompensado, pues Jesús enseñó que serían
bienaventurados los que sufrían y lloraban”. La cantidad
de escuelas religiosas confirma que el laicismo es más un
horizonte que una realidad. Los esfuerzos que ha hecho la
Iglesia católica por evitar que en las entidades legislativas
se despenalice el aborto o se permita el matrimonio entre
personas del mismo sexo da cuenta de nuestro fallido
laicismo.
La división de poderes, por su parte, tampoco es modé-
lica. Los jueces locales siguen sometidos a los gobernado-
res y es casi imposible prosperar en una entidad federa-
tiva si no se cuenta con el aval del señor feudal de dicha
entidad. Si bien se cuenta con el amparo federal, esto no
es lo que persigue el federalismo ni la división de pode-
res: el México que merecemos implicaría que los asuntos
judiciales terminaran en cada entidad federativa. Los por-
centajes de apelación son escandalosos, lo que revela falta
de confianza en la justicia local. “La sociedad ha perdido
confianza en sus instituciones —declaró a finales de enero
pasado el ministro Fernando Franco— y, entre ellas, en las
de la justicia”.
Nuestra Suprema Corte, en el ínterin, sigue oscilando en
su esquizofrenia: no ha definido aún si es un tribunal de ter-
cera instancia —aunque la mayoría de sus decisiones se in-
clinan hacia esta personalidad— o un tribunal constitucional,
capaz de echar abajo disposiciones y leyes que se opongan
a la Constitución, como se lo permitiría el artículo 105.
Las decisiones de la Corte sólo afectan a los que consi-
guen su protección. Como ejemplo, tenemos el uso lúdico
de la mariguana. En teoría, todos los mexicanos tendrían
derecho a éste. En la práctica, hay que tener dinero y tiem-
po para solicitar y tramitar un amparo. Si no se cuenta con
estos recursos, la ley no beneficia a quien sí se beneficia-
ría si los tuviera. ¿Cómo se le explica a un abogado inglés o
norteamericano que para cinco ciudadanos es constitucio-
nal sembrar y consumir más de cinco gramos de mari-
guana, pero no para el resto de los mexicanos? ¿Cuál es
el fundamento del privilegio? ¿Ésta es la democracia que
consagramos en 1917?
Al final, habría que hacernos la pregunta obligada:
¿México necesita una nueva Constitución? No se trata de
cambiar por cambiar, pero tampoco de conservar lo que
ya no tiene ninguna operabilidad o lo que se ha convertido
en mera simulación. Tengamos el valor de admitir qué
funciona y qué no.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director
EDITORIAL
NUESTRA CONSTITUCIÓN CUMPLE 99 AÑOS
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba