Colonia Segura, una experiencia local: La política pública como estrategia en materia de seguridad
| Autor | José Luis Arce Aguilar |
| Páginas | 37-78 |
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Colonia Segura, una experiencia local:
La política pública como estrategia
en materia de seguridad
José Luis Arce Aguilar
ANTECEDENTES
El presente trabajo se enmarca en el análisis de las causas por las que los
habitantes perciben un clima hostil, con altos índices delictivos y con una
sensación de inseguridad permanente. Asimismo, trata de ubicar de forma
general los mecanismos con que el Estado ha dado respuesta a esta situa-
ción y los problemas con que se ha enfrentado al hacerlo, incluyendo un
breve análisis de las propuestas que los recientes candidatos a la Presi-
dencia hicieron para combatirla.
Se pretende además exponer las experiencias exitosas no penales que
han tenido otros países a nivel local para encarar el fenómeno delictivo y
de percepción de inseguridad, aterrizando en lo poco que se conoce a nivel
nacional, para finalmente presentar los resultados obtenidos dentro de la
última gestión municipal de Naucalpan de Juárez,1 en donde a través del
programa Colonia Segura, se dieron elementos a las autoridades muni-
cipales para redimensionar la problemática y dejar de lado la respuesta
meramente reactiva y penal para combatir el delito y plantearla desde una
óptica de política pública, con todo lo que en sí representa.
La seguridad pública se ha constituido en tema de atención y preocu-
pación permanente en las distintas sociedades del orbe, sobre todo en las
últimas dos décadas. En particular, en América Latina, la delincuencia
común y los homicidios en algunos países (Colombia, Brasil, Salvador,
Guatemala y México),2 se han hecho presentes, generando en sus habi-
1 Administración Municipal 2003-2006 a cargo de Angélica Moya Marín y del psicólogo Martín
Riestra Rodríguez, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes permitieron
e impulsaron el cambio de paradigma de su policía municipal, del modelo tradicional y reactivo, al
de orientación democrático y comunitario. Autorizando políticas en materia de prevención, así como
políti cas pú blicas para enfrenta r el problem a deli ctivo y la percepc ión de inseg uridad en la
localidad.
2 José Maria Rico, Seguridad ciudadana, Siglo XXI, 2005; Hugo Frülhling, Participación ciudadana y
reformas a la policía en América del Sur, Chile, Centro de Estudios para el Desarrollo, 2005; H. Frülhling
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tantes un enorme sentimiento de preocupación tanto, en sus personas como
en sus bienes. Los incrementos en las tasas de criminalidad, han generado
que los habitantes de las diversas ciudades, tanto a nivel local como nacio-
nal, se sientan cada vez más inseguros, expresando su enorme insatis-
facción con respecto a la respuesta que los gobiernos han dado al fenómeno
delictivo.
En México esta percepción, derivada de la incidencia delictiva validada
por las propias estadísticas oficiales que indican que en una sola década el
número de delitos denunciados casi se duplicó, así como la insuficiencia
de la respuesta judicial al delito, en donde suele haber consenso en que
alrededor de 90 por ciento de los delitos queda sin castigo, ha generado la
idea compartida de que las autoridades no han tenido la capacidad de res-
puesta adecuada para enfren tar, disuadir y, en su caso, castigar a los
delincuentes. Si por un lado, como lo ha señalado Guillermo Zepeda Le-
cuona (2005)3
La composición del fenómeno delictivo en México refleja la heterogeneidad del
país, presentando un incremento en la incidencia delictiva urbana, principal-
mente reflejada en el robo (que se ha incrementado en los últimos siete años
en 60 por ciento en zonas urbanas); en una creciente violencia (además de
asaltos a mano armada, la cantidad de homicidios y lesiones imprudenciales
derivados de accidentes carreteros y de tránsito es alarmante), así como en el
avance del crimen organizado (reflejado, por ejemplo, en las cifras de delitos
federales y ejecuciones entre grupos criminales).
Y por otro lado, a estos incrementos en las estadísticas oficiales, y actos
violentos y delictuales, le integramos los resultados de la cifra negra;
obtenidos en las encuestas de victimización y percepción de inseguridad
generadas por estudios expuestos en el 2002 en algunos diarios4 y por el
ICESI ,5 la s cuales marcan un pr eocupa nte esquema por los resultados
obtenidos tanto en la victimización como en la percepción de inseguridad,
el panorama se presenta desolador.
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y Azun Candina, Policía, sociedad y Estado: modernización y reforma policial en América del Sur,
Chile, Centro de Estudios para el Desarrollo, 2001. Elías Carranza, Delito y seguridad de los habi-
tantes; Siglo-Unión Europea, 1997.
3 Guillermo Zepeda Lecuona-Crimen sin Castigo, FCE/CIDAC, 2004.
4 Reforma, febrero del 2001.
5 Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), Encuesta nacional sobre inse-
guridad pública en las entidades federativas: 2002 y 2005.
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Ante tal situación, la forma en que los distintos niveles de gobierno han
dado respuestas al propio incremento de la delincuencia no se ha carac-
terizado por novedosa, por el contrario, se ha mantenido en un paradigma
netamente legalista y reactivo. Es decir, ante la escalada delictiva las auto-
ridades federales y estatales han optado por “endurecer ” las leyes, brin-
dando más atribuciones a las procuradurías, aumentando las penas de
los delitos, así como incrementando el número de delitos considerados
graves.
Este tipo de respuestas, no sólo se ha presentado en nuestro país, ya que
parte importante de los esfuerzos desplegados en la región latinoamericana
para enfrentar el fenómeno de la delincuencia y la violencia, han privilegiado
las acciones punitivas a través de la policía y los juzgados. El problema de la
inseguridad ciudadana6 en la región se haya abordado, principalmente, desde
una perspectiva convencional, basada en el modelo policía-justicia-prisión,7
que enfatiza la adopción de políticas de control y represión de la criminalidad
y la violencia delictual.
Los resultados de este modelo de acción, de alto contenido represivo y
escaso contenido preventivo, no han sido positivos. No se ha logrado dismi-
nuir la criminalidad –de hecho, la tasa de homicidios ha crecido en la
región– ni la creciente sensación de inseguridad en la población de las
principales ciudades. Los sistemas judiciales y los cuerpos policiales no
gozan de la confianza de la población, incluso en algunos casos se percibe
a estos últimos como una amenaza para la comunidad.
Las principales críticas que se hacen a este enfoque, son que el trata-
miento eminentemente policiaco de la violencia delictual refleja una visión
restringida de ésta, que no se hace cargo de los diversos factores que
inciden en el aumento de la violencia urbana, como los sociales y políticos,
el entorno socioespacial, los rápidos cambios experimentados por nuestras
sociedades a nivel de las relaciones interpersonales. Como afirma Dina
Krauskopf (1996), es importante entender y transformar la violencia re-
nunciando “a lo meramente sintomático y a la reacción simple, para reco-
6 En Sudamérica existe una diferencia clara entre seguridad nacional o pública, la seguridad
ciudadana y la seguridad de los habitantes; véase Elías Carranza (op. cit). Lucia Dammert, De la
seguridad pública a la seguridad ciudadana. En donde en última instancia se establece que debe haber
un concepto abarcador, que incluya no sólo la seguridad de no ser víctima del delito, sino también
la de goza r de la vig encia de un Estado constitu cional de dere cho y de u n están dar mín imo
razonable de bienestar en materia de salud, educación y vivienda, ingreso, etcétera, de sus propios
habitantes.
7 Irma Arraigada y Lorena Godoy, Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico
y políticas en los años noventa, Santiago de Chile, Naciones Unidas, CEPAL, División de desarrollo
social, 1999.
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