Colaborador Invitado / Federico Döring: Una SEDUVI con esteroides
| Autor | Colaborador Invitado |
Con la idea de retomar las experiencias exitosas de los institutos de planeación de León y Guadalajara, la nueva Constitución de la Ciudad creó el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, instancia para garantizar la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial de la Capital para que esta quedase en manos de ciudadanos, así como de especialistas, alejados de caprichos políticos y visiones partidistas sesgadas.
Su tarea sería -como en los casos referidos- concertar con los ciudadanos la planeación y el desarrollo urbano de la Ciudad, alejados de definiciones sexenales partidistas, con autonomía y rumbo concertado democráticamente, y así generar dos instrumentos fundamentales: el Plan General de Desarrollo, con una vigencia de 20 años, y el Programa General de Ordenamiento Territorial, con vigencia de 15 años.
A esa planeación, hecha por ciudadanos y concertada por ciudadanos, alejada del manoseo y control político de la Jefatura de Gobierno, incluso se le dio lo que nunca antes nadie había tenido: la figura de la afirmativa ficta, de modo que, en caso de que el Congreso no se pronuncie sobre los instrumentos de planeación antes referidos, entrará en vigor el que se hubiere enviado.
La visión que tuvo el Constituyente es de una instancia suficientemente sólida y ciudadana, para poder enfrentar al poder político de la Jefatura de Gobierno y del cártel Inmobiliario, como en el caso de León, que rechazó la pretensión de un gobierno panista, en 2004, de urbanizar 4 mil hectáreas de una reserva agrícola y que resultó tan robusta, que incluso en el Gobierno priista de Bárbara Botello se respeto a la planeación de dicho instituto, sin alteraciones por la alternancia política.
En nuestra ciudad, el Programa General de Desarrollo Urbano está vigente desde el 31 de diciembre de 2003, aprobado por la entonces mayoría del PRD que era coordinada por Rene Bejarano. Desde entonces, todas las propuestas remitidas al Congreso han fracasado por su falta de consenso vecinal y político.
La Ley de Planeación de la Capital debe sentar las bases para ese mismo rigor técnico, con una enraizada concertación ciudadana. Es por eso que en el Congreso llevamos a cabo dos procesos de consulta ciudadana, conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, y una como Congreso, para nutrir la visión de este órgano legislativo.
Desafortunadamente, el Gobierno de la Ciudad pretende que el Congreso tire al cesto de la basura las aportaciones...
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