Colaborador Invitado / Adela Navarro Bello: La 4T entrampada
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En menos de un mes a partir de su toma de posesión como Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez ha puesto a la 4T de cabeza. Obstinado por ampliar su mandato a cinco años más allá del periodo constitucional de dos para el cual fue electo, sostiene en su administración al artífice de la estrategia para prolongarse en el poder, Amador Rodríguez Lozano, a pesar de los señalamientos de corrupción que existen en su contra.
El 29 y el 30 de octubre de 2019, dos funcionarios de primer nivel en el gabinete de Bonilla debieron renunciar ante acusaciones e inicio de investigaciones sobre probables actos de corrupción y tráfico de influencias en el cobro de moches a empresarios. Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Núñez Camacho, ex Secretaria de Bienestar y ex Oficial Mayor, respectivamente, son los protagonistas principales de sendas investigaciones en la Secretaría de Honestidad y Función Pública, y en la Fiscalía General del Estado; la primera, en mensajes de texto implicó a Rodríguez Lozano en la repartición del producto de los moches.
Entrampado entre los señalamientos de corrupción en su incipiente gobierno y la necedad de quedarse cinco años en la administración estatal de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se erigió en Juez, siendo parte, para defender -sin conocer el avance de las investigaciones- a su Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de quien dijo: "Yo le tengo confianza a Amador y no creo que Amador esté involucrado en eso".
Para enrarecerle más el contexto al gobernador de Morena, también a finales de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó por reciba la opinión técnica elaborada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la modificación a la Constitución de Baja California para ampliar el mandato de gobierno, la cual declararon, de manera unánime los siete Magistrados, inconstitucional.
Al tiempo, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Santiago Nieto, se desarrolla una investigación a partir de discordancias encontradas en el patrimonio de Jaime Bonilla Valdez, y otros dos gobernadores.
En el hermetismo propio de un gobierno cómplice de los suyos, y de una Fiscalía General del Estado titulada por el compadre del gobernador, poco saben los bajacalifornianos de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que comenzaron a fraguarse previo a la...
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