Cleptocracia censora
| Autor | Héctor Tajonar |
Principio elemental de los políticos que convierten el servicio público en fuente inagotable de lucro personal es saber robar sin que se note. Ello supone una serie de artilugios para ocultar la conducta delictiva, tratando de mantenerla en absoluto secreto a fin de facilitar la impunidad. Sólo los cómplices y beneficiarios del chanchullo están autorizados para conocer la forma de evadir la ley y así obtener ganancias multimillonarias a través de contratos con proveedores selectos, haciendo aparecer como licitación una asignación directa, previo acuerdo sobre cómo, cuándo y dónde se repartirán las utilidades producto del enjuague.
Si bien es posible mantener la confidencialidad de los procesos contables y jurídicos de dichas transacciones, lo difícil es ocultar los fondos y bienes derivados de ellas, ante el fisco como la opinión pública, a menos que se transfieran a paraísos fiscales que hasta antes de los Panama Papers era la forma idónea de encubrir los delitos de evasión de impuestos, concusión (enriquecimiento ilícito), tráfico de influencias, abuso de autoridad, soborno, peculado o lavado de dinero.
En México la corrupción se encubre, pero la riqueza producto de ella se ostenta. Nuestros acaudalados políticos gustan de pavonearse, inspirados en el imperativo categórico hankiano (que no kantiano): "Un político pobre es un pobre político". De ese primer mandamiento del código de ética de Atlacomulco se deduce que la honradez y la honestidad son propias de tontos o pusilánimes. La virtud se encuentra en el arrojo y cinismo del corrupto. Por tanto, no hay que ser ni parecer un "pobre político". De ahí la proclividad de nuestros gobernantes, legisladores, líderes partidarios y sindicales a presumir los lujos que les ha dispensado su infatigable entrega para asegurar su propio bienestar y el de sus allegados, no el de los gobernados.
En ese contexto, la "Casa Blanca" tiene un profundo significado simbólico, a pesar de que el monto financiero de la operación (7 millones de dólares) es insignificante frente a las presuntas ganancias derivadas de los jugosos contratos realizados con el Grupo Higa durante los gobiernos estatal y federal del presidente en turno, que ascienden a 2.8 mil millones de dólares a través de más de 80 contratos gubernamentales con el consorcio de Juan Armando Hinojosa Cantú (The New York Times, 30/VII/15). Sin contar, claro, la licitación del tren México-Querétaro que tuvo que ser abruptamente revocada debido a...
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