Civilidad y violencia. Barbarie, burocracia y universidades
| Autor | Sergio Aguayo |
La trivialización y la burocratización del horror consisten en crear leyes e instituciones que atienden a las víctimas, pero sin solucionar sus casos. En lugar de una Comisión de la Verdad independiente, Vicente Fox entregó una Fiscalía Especial desabrida, cara y al final inútil; Felipe Calderón creó dependencias, promovió leyes y protocolos, pero ocultó la información sobre los desaparecidos; Enrique Peña Nieto emula a ambos y crea burocracias que nacen atrofiadas por el peso del cuatismo y el cuotismo. Hay, por supuesto, una que otra excepción.
Un fenómeno similar acontece en la mayor parte de las entidades, independientemente del partido que las gobierne. Lo ejemplifico con Morelos, un estado azotado por la violencia, criminal y urbanística, y por la pobreza. En noviembre de 2015 Proceso hizo públicos los resultados de una investigación -iniciada por denuncia de los agraviados- acerca de lo sucedido al joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández. Pese a que aún se ignora quién lo secuestró y asesinó, se sabe que la Fiscalía General de Morelos recogió el cuerpo pero, en lugar de entregarlo a la familia, lo aventó a un hoyo en Tetelcingo, poblado donde fueron encontrados, según versiones iniciales, 150 cuerpos embalados con plástico, como si se tratara de paquetes.
El agravio a la dignidad de las víctimas y sus familias desencadenó un escándalo. La burocracia morelense reaccionó apegándose al manual del encubridor. El presidente municipal de Tetelcingo, el perre-dista Jesús González Otero, se amparó en un clásico: (Yo) "no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial" de los entierros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM) rechazó que fueran "fosas clandestinas"; eran "fosas comunes" ubicadas dentro de un panteón, y recomendó lo acostumbrado: crear una "fiscalía especial". Un alto funcionario del gobierno estatal se justificó, en conversación privada, con las cifras: no eran 150, sino sólo 105. El broche de oro corrió a cargo del responsable del agravio, el fiscal general de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, quien dejó el puesto y fue nombrado ¡delegado de la Procuraduría General de República en Durango! (hasta hace unos días seguía en el cargo). Todos ellos apostaron por capotear el escándalo para invocar el olvido.
No estamos ante un hecho aislado, sino frente a un patrón que hace crisis, pues desatiende la tragedia humanitaria que padecemos. La falta de resultados ha provocado el interés de instituciones que se...
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