A cinco años de San Fernando el martirio continúa

AutorMarcela Turati

Eva Nohemí Hernández Cerra-to se cansó de malabarear para encontrar empleo fijo en Honduras, se despidió de sus tres hijos y se fue a buscar ingresos ^ a Estados Unidos. En el camino | coincidió con Wilmer Antonio Núñez Posa- J" da, un paisano suyo recién deportado que | deseaba volver a California para acompa- J ñar a su esposa en el parto de su segundo hijo. En el mismo camión de redilas que se acercaba a la frontera de Tamaulipas con Texas iba Glenda Yaneira Medrano Solór-zano, quien quería capitalizarse para cursar la carrera de maestra.

Una trampa mortal los esperaba a la altura de San Fernando, Tamaulipas: un retén de criminales, donde todos los pasajeros fueron secuestrados.

Lo que siguió es información conocida. El 24 de agosto de 2010 un grupo de marinos -guiados por un joven ecuatoriano malherido- llegó a un abandonado bodegón en medio de campos de sorgo. A la redonda, al pie de las paredes, encontraron los cuerpos de 72 personas (58 hombres y 14 mujeres) con los ojos vendados, maniatados, tiro en la cabeza. Esta barbarie sería conocida como la masacre de los 72 migrantes. Se responsabilizó del crimen a Los Zetas.

Desde esa fecha y en ataúdes sellados, los cuerpos de los migrantes fueron regresados por tandas a sus familias en Ecuador, Honduras, Guatemala, Brasil o El Salvador. Algunos de los masacrados fueron entregados en urnas, ya convertidos en cenizas, uno de ellos hasta India.

Este mes, en que se cumplen cinco años de la masacre, 11 de las víctimas permanecen en la fosa común, sin ser identificadas.

Eva Nohemí fue la última migrante a la que se le devolvió la identidad: Apenas el 24 de julio de 2014 el gobierno mexicano la entregó a su familia, cuando ya operaba una Comisión Forense en la que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó trabajar junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y organizaciones de víctimas de México y Centroamérica.

Desde una provincia de El Salvador, Mirna, la mamá de Glenda Yaneira, sigue pidiendo una exhumación independiente del cuerpo que le fue entregado, pues desde el año 2010 duda que los restos que le dieron en un ataúd sellado y que abrió a escondidas sean de su hija.

En Tegucigalpa, Haidé Posadas, la madre de Wilmer Antonio, sigue esperando noticias de su hijo: Su mochila y su cartera fueron hallados en la escena del crimen, junto a los 72 cuerpos; hace cinco años recibió una llamada de México en que le anunciaban que él estaba entre las víctimas, pero nunca más volvieron a contactarla y sigue sin recibir el cuerpo.

Así, continúan las dudas respecto de los hechos fundamentales de esos asesinatos y un grupo de familias -representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)- no cree haber recibido los restos correctos.

No hay información pública sobre quiénes permanecen en la cárcel pagando por el crimen. El Estado nunca investigó al propio Estado por haber...

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