Chihuahua. Las redes criminales: más amplías, más sólidas, más impunes…

AutorPatricia Mayorga

CHIHUAHUA, Chih.- Los índices de violencia que ha alcanzado la Sierra Tarahumara han obligado a un sinnúmero de comunidades completas al desplazamiento forzado interno, en su mayoría de población indígena, y la impunidad ha permitido la diversificación de negocios para los grupos delictivos que operan y controlan los municipios serranos.

El homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, mostró sin simulación el control del territorio por proyectos empresariales, autoridades omisas y la impunidad en la que trabajan los grupos delictivos, que ahora no sólo se dedican al narcotráfico.

A un año de esos homicidios, el rostro del problema no ha cambiado y, en algunos casos, problemáticas como la impunidad, el suicidio de niños y adolescentes y el dominio de grupos criminales han empeorado.

Con los sacerdotes Campos y Mora fue asesinado el guía de turismo Pedro Eliodo-ro Palma Gutiérrez, también dentro de la parroquia San Francisco Javier de Ceroca-hui; horas antes, el mismo asesino mató al joven Paúl Berrelleza Rábago.

José Noriel Portillo Gil, El Chueco, fue señalado por varios testigos como autor de estos cuatro crímenes. Él controlaba el municipio de Urique, Uruachi y Guazapa-res, hasta que su cuerpo apareció en Sina-loa el 22 de marzo último. Se presume que lo habían asesinado cuatro días antes.

Autoridades de Chihuahua informaron a representantes de la Iglesia un mes antes que el gobierno federal ya había detenido a El Chueco, que pidieran información. Pero era falso. La presión social y eclesial llevó a instalar mesas de diálogo con los representantes de la Compañía de Jesús y de la Diócesis de la Tarahumara.

Han pasado 15 años de la primera masacre reportada en el país, en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, en el contexto de la Guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente, Felipe Calderón. El 16 de agosto de 2008 un grupo delictivo identificado como La Línea, del Cártel de Juárez, irrumpió en un festejo de jóvenes y asesinó a 13 hombres, entre ellos a un bebé.

En aquella ocasión fue otro jesuita, Javier El Pato Ávila Aguirre, quien hizo frente a la tragedia, ya que se convirtió en perito, agente ministerial y contuvo a las víctimas ante la ausencia de cuerpos de seguridad pública.

El caso continúa impune. No hubo justicia plena para los familiares y el cártel continúa operando en la región.

Los índices de corrupción en los municipios de la Sierra Tarahumara se han incrementado de la mano de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los partidos políticos que les han gobernado: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PRD y Morena, en los últimos años.

La militarización y la fuerza pública han sido los únicos recursos utilizados para "contener" la violencia en los casos que trascienden a la opinión pública, mientras que los índices de suicidio en niños, así como en la población en general, ha aumentado más de un 300 por ciento.

Los centros poblacionales de la entidad se han llenado de personas desplazadas que huyen de la violencia en la Tarahumara. El último caso ocurrió al iniciar junio. Un grupo de 50 personas, alrededor de 30 menores de edad, tuvieron que huir de sus comunidades La Sierrita, Potrero de Herreras, La Chinaca y San Jerónimo del municipio de Guadalupe y Calvo por el choque entre dos cárteles que se disputan la plaza.

Otra comunidad desplazada esta semana es Santa Tulita, del mismo municipio. La respuesta fue llevar la fuerza pública a ambas zonas, pero no hubo detenidos. Los indígenas ódami de la primera comunidad tuvieron que permanecer varios días en el monte porque se quedaron sin casas debido a que las quemaron. Ambas comunidades están atendidas en albergues por comunidades municipales, y organizaciones civiles se esfuerzan para que les tomen las declaraciones por el Ministerio Público.

En las mismas poblaciones de acogida de personas desplazadas, hay otras comunidades que suman cientos...

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