Celebración en Tlaxcala

AutorMarta Lamas

Hace unos años en Perú, una chica de 17 años, Karen Llantoy, solicitó el aborto por tener un feto anencefálico, y le fue negado: la obligaron a llevar a término su embarazo y la criatura murió a los cuatro días. El escándalo social en torno a su caso hizo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolviera, en su periodo 85 de sesiones, que el sufrimiento de Karen fue por omisión del Estado, puesto que con el trato cruel e inhumano con el que manejó el asunto había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -firmado por Perú-, y le exigió la adopción de medidas para evitar casos similares. La causal de malformaciones graves es justamente ese tipo de medida.

Por otra parte, la inseminación artificial no consentida suele implicar una violación, y en nuestro país el aborto es legal en todas las entidades cuando el embarazo es producto de un ataque de este tipo. Como se ve, era muy razonable que estas dos causales estuvieran en la legislación tlaxcalteca; sin embargo, como en torno al aborto se juega el poder simbólico de la jerarquía de la Iglesia católica, poco tiempo después esos mismos diputados y diputadas se echaron para atrás y las quitaron.

Por ello, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, Francisco Mixcóatl Antonio, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto mediante el cual el Congreso del estado modificó el artículo 243 del Código Penal, que regulaba esas causales. Su argumento se basó en el principio de progresividad, que consiste en que no se puede quitar a los ciudadanos derechos ya adquiridos. La progresividad, una de las reglas básicas en las que se sustenta toda la estructura de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, beneficia a todas las personas, y el ómbudsman cumplió con su obligación al denunciar el retroceso que el Legislativo de Tlaxcala había llevado a cabo.

A lo largo de la disputa entre el ómbudsman y el Legislativo los grupos que se oponen a cualquier regulación sobre la interrupción del embarazo tergiversaron el tema de las causales. Estos grupos creen que ampliar las causales es estar "a favor" del aborto y se niegan a aceptar que lo que verdaderamente implica es estar "a favor" de evitar el sufrimiento ante gravísimos problemas como la anencefalia o la inseminación no consentida.

Su oposición la formulan desde una idea abstracta de "protección" a la vida intrauterina, que...

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