En la CEAV mandan Peña, Gobernación, Hacienda...
| Autor | Patricia Dávila |
Aun mes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Víctimas, la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para designar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -a quien debió proponer desde el viernes 3 al Senado para que lo ratificara- acabó con la esperanza de convertir al organismo en un ente autónomo, como pretendían los colectivos ciudadanos que en abril de 2016 exigieron cambios de fondo a esa legislación.
El jueves 2, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en su cuenta de TWitter que la autoridad federal recibió 326 cartas de propuesta sin especificar el número de candidatos; días antes, Gobernación filtró a un periódico de circulación nacional los nombres de Patricia Colchero, Jaime Rochín, María A. González, María de los Ángeles Fromow, Julieta Morales Sánchez y Rubén Vasconcelos como prospectos.
Javier Sicilia -quien como representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezó a más de 100 organizaciones que presentaron al Senado la iniciativa de reforma el 13 de abril del año pasado- señala que hasta el momento el gobierno federal no ha dado apoyo a las víctimas ni se ha pronunciado sobre los graves hechos de violencia y las fosas clandestinas detectadas.
Añade que esa ley no protege el espíritu que motivó a decenas de organizaciones a impulsar una nueva legislación.
En el proyecto de reforma que entregaron al entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, las ONG mencionadas demandaron que el Estado mexicano reconozca los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, las cuales estimaron en más de 250 mil.
Además, plantearon que la CEAV tuviera una estructura similar a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en vista de que el consejo directivo colegiado no dio los resultados esperados.
Por lo mismo, exigieron que la CEAV fuera autónoma y que las víctimas participaran en la designación del titular y en las decisiones del organismo; que se sancionara a los servidores públicos revictimi-zadores y se asignara un presupuesto con base en las necesidades de atención, se reconocieran y apoyaran económicamente los peritajes independientes y se respetara el derecho efectivo a la memoria.
Sin embargo, Roberto Villanueva Guz-mán, representante del Laboratorio de Innovación para la Paz, dice a Proceso que el 17 de octubre del año pasado las organizaciones no gubernamentales...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba