Un caudillo impune
BOGOTÁ.- Cuando en Colombia se habla del expresidente y senador Álvaro Uribe, lo primero que se reconoce es su enorme poder político. Y lo segundo, su capacidad para permanecer inmune ante decenas de acusaciones penales en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Apenas el domingo 11 Uribe fue reelegido senador con cerca de 900 mil votos, una cifra nunca antes vista para un candidato en comicios legislativos en este país. Además logró que el aspirante de su partido, el hasta hace poco desconocido congresista Iván Duque, ganara con 4 millones de votos la consulta de la derecha para elegir a su candidato presidencial.
La influencia del exmandatario entre el electorado más conservador del país es tanta, que antes de que el Centro Democrático, su partido, designara a su candidato presidencial, algunas encuestas medían la intención del voto "del que diga Uribe", y ese futuro ungido sin nombre aparecía siempre entre los de mayor respaldo en los estudios de opinión.
Uribe dejó la presidencia de Colombia en 2010, luego de que la Corte Constitucional le cerró las puertas a una segunda reelección, pero su férrea oposición a los acuerdos de paz con las FARC y su sintonía con un segmento importante de la sociedad colombiana que repudia a la exguerrilla, al tiempo que minimiza las atrocidades que cometieron otros actores de la guerra, lo han mantenido vigente en el panorama político.
Y más que eso, lo han colocado como un referente ineludible en el debate de los grandes temas nacionales.
Esto ocurre pese a que es el expresidente colombiano que más procesos penales acumula en su contra y el que más excolaboradores y familiares tiene en la cárcel, bajo investigación o huyendo de la justicia por delitos graves que, según testigos vinculados a varios de esos casos, el exmandatario conoció.
Frente a cada señalamiento contra él o personas de su entorno, Uribe responde, invariablemente, que se trata de una "persecución política", "canalladas" o "infundios contra personas honorables".
Lo paradójico es que, entre más acusaciones acumula, más parece fortalecer su capacidad para impedir que el amplio expediente judicial que lo persigue dañe su imagen ante su fiel electorado.
"Responsabilidad penal"
A principios del mes pasado, el Tribunal Superior de Medellín pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue a Uribe por su "probable responsabilidad penal" en dos hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997): las masacres del Aro y La Granja, y en un tercero, que se produjo dos meses después de que dejara el cargo: el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Y hace tres semanas, la propia Corte Suprema anunció que el expresidente será investigado por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos para afectar al senador izquierdista Iván Cepeda, uno de sus principales adversarios políticos.
Uribe, además, fue mencionado en enero pasado como el posible violador de la periodista Claudia Morales -quien denunció el hecho sin decir el nombre de su atacante-, y en febrero el columnista Daniel Coronell divulgó unos correos electrónicos en los que el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, Don Berna, preso en Estados Unidos, acusa al expresidente de mandar asesinar a Pedro Juan Moreno, quien fue su secretario de Gobierno en la gobernación...
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