El caso Regina, sin avances

AutorJorge Carrasco Araizaga

Ese día el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunciará la integración de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el estado, pero estará lejos del esclarecimiento de los crímenes de ocho comunicadores ocurridos en su gestión de apenas año y medio.

El caso de Regina Martínez es el más avanzado por la intervención de la propia revista y de la Procuraduría General de la República (PGR), que actúan como coadyuvantes en la investigación.

En la averiguación previa 19/2012/PC, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado ha centrado las investigaciones del crimen en el entorno vecinal de la reportera y no en su trabajo periodístico, a pesar de que los autores del asesinato se llevaron su computadora y sus dos teléfonos celulares.

La PGJ anda tras la pista del autor material. Pero está lejos de conocer los motivos del asesinato ocurrido la madrugada del 28 de abril en la casa de la periodista en Xala-pa, la capital del estado.

El gobierno de Duarte está interesado en que el caso se mantenga en su jurisdicción y que no sea atraído por la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

A pesar de que Duarte aceptó la coadyuvancia de Proceso y pidió la de la PGR desde el momento en que se conoció el asesinato, la PGJ dilató la entrega de la información y hasta la semana pasada lo había hecho sólo de forma parcial.

Apenas el lunes 28 de mayo, a un mes del asesinato, la PGJ entregó completa la información a la fiscal especial Laura Angelina Borbolla para que la PGR avance en sus propias pesquisas.

Miguel Ontiveros Alonso, subprocura-dor federal de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, fue ese día a Xalapa para pedirle la información personalmente al titular de la PGJ del estado, Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Entre la información pendiente había datos del dictamen de criminalística de campo donde se señalan indicios de cómo encontró la PGJ el lugar de los hechos y la posición del cuerpo. Asimismo faltaba información sobre las huellas dactilares. Sólo entonces la procuraduría estatal pidió el apoyo de la PGR para algunas indagatorias.

A pesar de que desde el principio la necropsia estableció que el asesinato ocurrió por asfixia, después de cinco semanas, hasta el cierre de esta edición, la procuraduría estatal aún tenía pendientes peritajes para identificar al o a los responsables.

El 24 de mayo la vocera del gobierno de Duarte, Gina...

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