Caso Ayotzinapa. Ultimátum de la CIDH al gobierno de Peña Nieto
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Omisiones y complicidades graves de parte del gobierno del estado de Guerrero y del Congreso local, así como una cri-minalización sistemática de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, son algunos de los factores que derivaron en los ataques armados del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra los normalistas.
Así lo consideran los defensores de derechos humanos Vidulfo Rosales, Magdalena López y Éricka Zamora, además de la regidora igualteca Sofía Mendoza.
Las evidencias de que esos hechos graves -en los que intervinieron policías municipales y civiles fuertemente armados, con un saldo de seis muertos, una veintena de lesionados y 43 jóvenes desaparecidos- pudieron evitarse, provocaron la intervención de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH).
El viernes 3, mientras el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava se reunía con 18 familiares de los estudiantes desaparecidos y sus abogados, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, notificó la decisión del organismo de atender la solicitud de protección urgente para los normalistas, formulada por organizaciones civiles el 30 de septiembre. Sin notificación previa por considerar que los hechos son de suma gravedad -colocan a los estudiantes en "la máxima situación de irreparabilidad"-, en su resolución MC409-14 el organismo dio un plazo de 10 días al Estado mexicano para "determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal", y para que "adopte las medidas necesarias" a fin de "proteger la vida e integridad de los estudiantes heridos" y presente avances la investigación del caso.
En entrevistas por separado, las activistas y la integrante del Cabildo de Iguala advierten que desde hace más de un año el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el Congreso de Guerrero, de mayoría perredista, tuvieron la oportunidad para procesar al alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Arturo Hernández Cardona, dirigente social y fundador del PRD, y de Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez, integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala. Pero no lo hicieron.
Por el contrario, las exigencias de justicia de parte de deudos y de uno de los sobrevivientes de la matanza perpetrada el 31 de mayo de 2013, Nicolás Mendoza Villa, vulneró la seguridad del testigo y los familiares que ahora son víctimas de amenazas y hostigamiento, por lo que pidieron el respaldo de la CIDH.
Tres días antes de los ataques a estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Sofía Mendoza, viuda de Hernández Cardona, viajó a Washington con el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y la secretaria ejecutiva de la asociación civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), Magdalena López Paulino. Su propósito era entrevistarse con Álvarez Icaza y aportarle elementos a su solicitud de medidas cautelares presentada en junio de 2013.
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