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Carlos Elizondo Mayer-Serra / Más derechos

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Vincent
AutorCarlos Elizondo Mayer-Serra

Es comprensible que la autoridad esté en contra de que la Suprema Corte pudiera declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa (PPO). En una crisis de seguridad como la actual, darle espacios a la criminalidad suena absurdo.

En México la PPO es popular. Ante tanta impunidad, cuando la autoridad atrapa a un presunto culpable, da tranquilidad verlo preso.

Pero se ha abusado de esta figura. Hay decenas de miles de inocentes presos. Según la ONG Intersecta, desde 2019, cuando entró en vigor la ampliación de delitos considerados graves y por tanto de PPO, el porcentaje de detenidos en prisión preventiva pasó del 30 por ciento al 42 en el 2021. Ésta afecta más a los pobres y a las mujeres (https://bit.ly/3RgWvnc). Desde ahí no tienen condiciones para defenderse bien. Es fácil que sean condenados, incluso siendo inocentes.

Si hoy una empleada doméstica es acusada de haber robado algo de la casa, y si el Ministerio Público considera que hay evidencia para vincularla a proceso, estará en la cárcel mientras se determine su culpabilidad. La Constitución obliga al juez a hacerlo. El robo a casa habitación es considerado como crimen grave, y merecedor de PPO, gracias a que la oposición así lo pidió en las reformas del 2019.

AMLO en su Cuarto Informe afirmó: "La paz es el fruto de la justicia". Tiene razón, pero la PPO destruye vidas y familias por largas estancias en la cárcel sin sentencia, en espacios que son escuelas para el crimen, ahonda la sensación de injusticia y expande la criminalidad. La PPO no es norma en ninguna democracia.

Si se declarara inconstitucional, los retos para el sistema de justicia serían enormes y se requerirá algún régimen de transición. En principio, un presunto criminal de alta peligrosidad debería permanecer en la cárcel mientras se le procesa a través de la prisión preventiva justificada, aunque para los jueces de control implica decidir hacerlo o no, y esto puede ser de alto riesgo frente a un imputado peligroso.

Más allá de la PPO, hay un tema de fondo: ¿puede una mayoría calificada en el Legislativo poner cualquier cosa en la Constitución? Hasta ahora, la Suprema Corte ha determinado que si algo está expresamente estipulado en la Constitución no puede ser declarado inconstitucional, aunque contradiga otros artículos. Por ello, si una mayoría calificada determinara la obligatoriedad para...

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