CAPITANES
Felisa Ros...
Es la nueva directora general de Engie México, empresa que cumple 25 años en el País. La compañía se especializa en distribución de gas natural a industria, comercio y residencias, además tiene centrales renovables y de cogeneración. Participa en el desarrollo de gasoductos y va por un proyecto de gas en la Península de Yucatán.
Con el tiempo encima
Las negociaciones en la planta de Volkswagen se están tornando complicadas y hay quien dice que la huelga es inminente a partir de mañana.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen, dirigido por Juan Hernández, y la empresa alemana, culminaron el ciclo de pláticas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que encabeza Alfredo Domínguez, sin que se presentaran acuerdos concretos.
Ahora continuarán con el diálogo ante un tribunal laboral, pero están contra el reloj para evitar el estallamiento.
En torno de esta negociación se involucraron otros actores. El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló a la abogada Susana Prieto de estar detrás del conflicto.
Prieto, quien es también diputada federal por Morena, rechazó las alusiones del Gobernador y advirtió que fue un grupo de trabajadores de VW los que la buscaron para pedir asesoría, ya que no están de acuerdo con el incremento de 9 por ciento al salario y 2 por ciento a prestaciones que negoció la dirigencia sindical. Un asunto laboral con tintes políticos.
Vivienda a revisión
Lilia Aguilar Gil, legisladora del PT que preside la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, está cocinando reformas a la Ley del Infonavit.
La propuesta va en contra de la especulación inmobiliaria, pero también plantea que las notificaciones por impago sean personales, pues al no serlo, se abre una ventana que algunos abogados han aprovechado para abusar de los derechohabientes y hasta dejarlos sin casa.
El problema es que jueces, funcionarios y empresarios siguen encontrando en la ley vigente del Instituto elementos que afectan a los derechohabientes.
Para muestra están casos en Nayarit, Coahuila y Chihuahua, que han sido terreno fértil para un quebranto que podría llegar a los 2 mil 300 millones de pesos y afectar a más de 60 mil derechohabientes.
También se pone sobre la mesa que casi 40 por ciento de los juicios tienen vicios jurídicos, pues el fraude comenzaba en tribunales civiles de Nayarit y el proceso terminaba en el registro público de una entidad diferente.
Y aunque algunos ex jueces como Braulio Meza...
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